02/03/2024

Confirmaron la condena a Ricardo Jaime por coimas en el proyecto del tren bala


La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena del ex secretario de Transporte en el gobierno de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, por el cobro de sobornos en el proyecto del finalmente malogrado “tren bala”.

La Sala II de la Casación Federal, integrada Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, rechazó los planteos de Jaime, y así quedó forme la sentencia que condenó al ex funcionario K a dos años y medio de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, multa de 90.000 pesos y costas, por ser autor del delito de cohecho pasivo.

En el caso se acreditó que Jaime aceptó la promesa de pago de un millón de dólares por parte de la empresa Alstom, para favorecer a esa compañía francesa en el proceso de licitación del TAVE (tren de alta velocidad).

Alstom lideraba el consorcio empresario Veloxia, que participaba como oferente en el proceso de Licitación Pública Nacional e Internacional con financiamiento para la contratación de la obra de electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio ferroviario de Alta Velocidad en el corredor Buenos Aires–Rosario–Córdoba, (conocida como la licitación del TAVE).

El ofrecimiento del soborno de Alstom tenía como finalidad que Jaime direccionara el proceso administrativo en favor del consorcio Veloxia.

La aceptación de la promesa de pago se materializó mediante la suscripción de un contrato de consultoría (“contrato-soborno”), firmado entre la empresa Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) y dos filiales de Alstom, con fecha 16 de julio de 2008, para el supuesto asesoramiento sobre el TAVE.

La empresa CAESA era manejada por Manuel Vázquez, quien a su vez era asesor “ad honorem” de Jaime y una persona que mantenía una relación estrecha con el ex funcionario nacional, que incluía intereses patrimoniales comunes. Vázquez utilizó la empresa CAESA para la firma del “contrato-soborno” actuando como interpósita persona de Jaime.

En su voto, el juez Hornos resaltó que la maniobra, en la que “estuvieron involucrados altos funcionarios públicos en connivencia con particulares -quienes ocasionaron un extraordinario perjuicio económico al erario público– es indudablemente grave y tiene un alto impacto en el sistema democrático y en el orden institucional”. Por eso destacó que “su eficaz juzgamiento evita que la corrupción quede impune, y detiene el espiral inflacionario de consecuencias perniciosas para la vida de la República”.

También sostuvo que la sentencia y la pena también tienen la función del castigo frente a una norma que ha sido quebrantada, reafirmando que, “cuando suceden hechos como los aquí investigados, en donde las actividades desplegadas por aquellos en quienes habían sido depositadas la protección de lo público y de la comunidad toda, turbaron esa confianza con consecuencias como las evidenciadas en el caso, se ejecute el serio y legal juicio a los responsables penales con las consiguientes condenas que en definitiva correspondan.”



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