02/03/2024

Cristina buscará revertir la condena en su contra el 7 de marzo


La Cámara Federal de Casación Penal realizó la primera audiencia formal para comenzar a revisar la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad. La defensa de la ex vicepresidenta tendrá la posibilidad de hablar el 7 de marzo. Insiste en la inexistencia del delito y el pedido de anulación de la sentencia. Para que se expresen todos los imputados habrá seis audiencias, luego de las cuales el máximo tribunal penal estará en condiciones de pronunciarse sobre el caso: si confirma o no la pena a 6 años de cárcel, o la modifica, tal como pide la fiscalía.

El 22 febrero, la Casación Federal comenzará a escuchar a todas los que apelaron la sentencia. Para entonces, Cristina Kirchner ya no tendrá fueros parlamentarios. Entre los puntos que analizará la Sala IV, -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña- se incluye el pedido del fiscal de juicio oral, Diego Luciani, para que la ahora exvice reciba una pena de cárcel de doce años, al considerarla responsable del delito de asociación ilícita además del de defraudación al Estado.

La defensa de Lázaro Báez, que junto a Cristina Kirchner recibió la máxima pena, deberá exponer sus argumentos el 25 de marzo.

La última de las audiencias se llevará adelante el 4 de abril. A partir de allí los jueces de la Casación estarán en condiciones de pronunciarse sobre la sentencia condenatoria que recibió la ex Presidenta de la Nación.

Una vez que lo hagan, seguramente durante el transcurso de 2024, no significará que la sentencia está firme. Con la modificación de un conjunto de artículos del Código Procesal Penal en los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, las sentencias obtienen carácter de firmeza únicamente cuando la Corte Suprema da a conocer su opinión al respecto. Sólo entonces comienza a regir el cumplimiento de la sentencia.

Mega fraude al Estado y ¿asociación ilícita?

Bajo revisión estará la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes fundamentaron la acusación por administración fraudulenta de la siguiente forma: “mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, ttuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

El primero en exponer ante la Casación, será el fiscal ante el máximo tribunal penal, Mario Villar, quien sostuvo la apelación de Luciani.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal coincidieron en remarcar que no se puede considerar a las 51 licitaciones que ganó Lázaro Báez y que fueron cuestionadas “como un solo o único hecho del delito de administración fraudulenta contra la administración pública nacional”.

En otras palabras: los fiscales sostienen que se cumplen los requisitos impuestos por el Código para responsabilizar a Cristina Kirchner, también, por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Si la Casación coincidiera con esa lectura, la pena de Cristina aumentaría a doce años de prisión.

Los imputados del caso apelaron todas las acusaciones que recibieron en diciembre de 2022 por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Además de Cristina Kirchner hay otros once imputados, entre ellos José López y Lázaro Báez.

En ese juicio oral se los encontró culpables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena más alta la recibieron la vicepresidenta y su ex socio comercial y dueño de Austral Construcciones. Por unanimidad el Tribunal les aplicó seis años de prisión a cada uno.

El voto del Tribunal se dividió respecto a la calificación de asociación ilícita, criterio que dándole la razón a Luciani, solo sostuvo en su voto el juez Andrés Basso. Consideró que existieron a lo largo del juicio, pruebas suficientes para acusar a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.



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