20/07/2024

El número dos de Luis Petri habla de la “guerra sucia” y llama a dar vuelta la página | El Ministerio de Defensa insiste en la justificación de los represores



El Ministerio de Defensa asumió una prédica que entusiasma a quienes reivindican lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. En menos de 48 horas, el ministro Luis Petri salió a avalar a los militares retirados que entraron al Espacio Memoria y Derechos Humanos –que funciona donde antes estuvo el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)— a cantar la marcha de la Marina y a sacarse selfies con el avión de los vuelos de la muerte. Su número dos, Claudio Pasqualini, había llamado dos días antes a “dar vuelta la página” de la historia para avanzar como país.

Pasqualini es el secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) del Ministerio de Defensa. Exjefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, Pasqualini es, en teoría, el hombre fuerte de la cartera que conduce Petri y podría extender sus redes de poder si se confirma la salida del jefe de Gabinete Nicolás Posse y de su mano derecha, el brigadier retirado Jorge Antelo.

El miércoles, Pasqualini fue invitado a una comida en el Rotary Club de Buenos Aires. Allí anunció que el gobierno estaba trabajando en una nueva reglamentación para la ley de Defensa. Nada dijo de la supuesta reforma de la ley de Seguridad interior que habían anunciado Petri y Patricia Bullrich –y fustigado Victoria Villarruel. La intención de la administración de La Libertad Avanza (LLA) es modificar el decreto 727/2006, que establece que las Fuerzas Armadas solo pueden responder ante una agresión externa de otros Estados.

Para el final de su exposición, Pasqualini se dejó algunas definiciones sobre el pasado reciente de la Argentina. Antes, había dicho que la democracia no se fortalece debilitando a las Fuerzas Armadas y despotricado contra organizaciones que reciben financiamiento desde el exterior para supuestamente atacar a los militares. Es una reversión de la campaña antiargentina que empleó la dictadura para denostar las denuncias que hacían los grupos de exiliados en el exterior en coordinación con los organismos de derechos humanos.

Pasqualini resaltó que en Brasil no hubo actos oficiales para recordar el golpe de Estado del 1 de abril de 1964. “Tema superado”, dijo. “Éste es un tema que algún día los argentinos tendremos que madurar”, remarcó mientras hablaba de la “guerra sucia de los ‘70” –como también lo hacían los perpetradores entonces.

“Si bien uno le carga mayor responsabilidad al Estado que a las organizaciones subversivas –se explayó Pasqualini con una jerga propia de aquellos años–, los dos ejercieron la violencia en forma no digamos desmedida pero sí empleando procedimientos totalmente objetables e inhumanos”. Enseguida agregó: “Y son temas que una parte lo sufrió en juicio y otra parte, muy convenientemente, no tuvo ningún inconveniente judicial”.

Para terminar su conferencia, Pasqualini dijo que había fallas en “aspectos humanitarios”, posiblemente en referencia a la situación de los presos de lesa humanidad. “A veces, desde el silencio, somos todos cómplices de las cosas que están pasando”, subrayó.

Más allá de los discursos públicos, el Ministerio de Defensa tomó cartas en el asunto de los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer durante la dictadura. Como informó este diario, Petri y Pasqualini enviaron a funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo a reunirse con militares y policías presos para escuchar sus reclamos. Ellos les sugirieron distintas medidas para aliviar su situación. Entre otros, se entrevistaron con Julio Simón –conocido como el Turco Julián y el primer represor en ser condenado tras la caída de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– y con Juan Daniel Amelong, el represor multicondenado en Rosario al que Villarruel presentó como una “víctima” en el debate que sostuvo en TN con Agustín Rossi antes del balotaje.

Pasqualini fue quien estuvo detrás del desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que se crearon en 2010 para contribuir con las investigaciones de lesa humanidad. Fue él mismo quien el lunes le respondió una nota a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires justificando la decisión. Entre otros, sus argumentos fueron que:

  • Los equipos contaban con “acceso irrestricto” a todas las dependencias de las Fuerzas Armadas, donde se encontraban archivos de valor históricos o judiciales, y copia de todas las llaves de acceso a dependencias, oficinas y armarios;

  • Los equipos tenían “amplia facultad de allanamiento” sin necesidad de contar con orden judicial;

  • El único órgano competente para la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial es el Ministerio Público. Es curioso porque 36 fiscales enviaron una nota rechazando el desmantelamiento;

  • Los despidos de diez de los trece expertos no fueron direccionados sino a “causa de la emergencia económica nacional y política de restricción de gastos, de acuerdo a las políticas públicas de déficit cero”;

  • El Ministerio de Defensa no tiene dentro de sus misiones el relevamiento y análisis de documentación. Tampoco la política de memoria, verdad y justicia, que en todo caso le compete al Ministerio de Justicia.

Petri ya había definido a los expertos en archivos como un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Desde ese Ministerio habían dicho también que creían que los analistas investigaban a familiares de personalidades como el padre de la vicepresidenta, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel.

Pasqualini es uno de los nexos de Petri con la familia militar. Está casado con María Laura Renés, hija de Athos Renés, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén de diciembre de 1976. Durante su gestión al frente del Ejército, Pasqualini impulsó los actos para recordar lo que los nostálgicos de la dictadura llamaban la “lucha contra la subversión”.

En febrero de 2018, lo acompañaron integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFYAPPA), la organización que preside Cecilia Pando, en su asunción. Cuando se fue de baja estuvo la otra dama de la “memoria completa”, Victoria Villarruel. En 2019, Pasqualini logró que Macri presidiera una acto en conmemoración de los caídos en el copamiento de Montoneros al Regimiento de Monte 29 de Formosa.

En Defensa comentan que Pasqualini tiene el visto bueno de Karina Milei, la poderosa secretaria general de la Presidencia. De acuerdo con esas versiones, el nexo sería la familia Bulgheroni, una de las más importantes del negocio del petróleo.

Los dichos de Pasqualini no son una voz en el desierto. Cinco días antes de su visita al Rotary, se había concretado la incursión de egresados de la ESMA al espacio de memoria, que luego fue justificada por Petri como un acto de “argentinos” que fueron a cantar la marcha de la Armada mientras el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pedía explicaciones por el episodio.

Desde su llegada al Ministerio, Petri hizo la vista gorda frente a homenajes a condenados por lesa humanidad como Horacio Losito –sentenciado como el suegro de Pasqualini por su responsabilidad en la masacre de Margarita Belén y en otros dos juicios de Corrientes. El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti hizo un pedido formal de explicaciones por las honras al represor y solo consiguió que le contestaran que la información era secreta. Todo queda entre la familia militar.



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