Reclaman la condena delrepresor Horacio Ferrari | Los alegatos en el octavo juicio por los crímenes cometidos en la ESMA

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico militar solicitaron que se condene a Horacio Ferrari, el represor de la patota que actuó en ese centro clandestino a la pena de prisión perpetua. Ocurrió durante el primer alegato acusatorio que tiene lugar en el octavo juicio que se lleva a cabo por los crímenes de lesa humanidad sucedidos allí, uno de los epicentros del horror del genocidio.

Los abogados Ariel Noli y Adrián Krmpotic desarrollaron en poco más de tres horas sus conclusiones para reclamar la culpabilidad de “Pantera” Ferrari, uno de los secuestradores del Grupo de Tareas 3.3.2. Son los representantes de la querella unificada encabezada por Patricia Walsh, hija del periodista y militante Rodolfo Walsh, una de las víctimas de aquella patota; y Carlos Lordkipanidse, sobreviviente del centro clandestino que funcionó en pleno barrio de Nuñez, e integrada por otros sobrevivientes y colectivos, como la Asociación de exDetenidos Desaparecidos, la Asociación de Profesionales en Lucha, el MEDH, Justicia Ya, la Asociación Gremial Docente de la UBA y el CEPRODH, entre otros. La querella solicitó que Ferrari sea condenado a prisión perpetua.

Ferrari llegó a este debate acusado de crímenes de lesa humanidad sucedidos entre el 5 de abril de 1977 y fines de enero de 1978, tiempo en el que se lo imputó por 223 casos de secuestros, de la imposición de tormentos en 246 casos, 74 homicidios, 17 casos de sustracción y ocultamiento de niños y niñas. Pero no fue su primer juicio.

Detenido en 2013 en el marco de la megacausa ESMA, “Pantera” integró la lista de nueve acusados durante el cuarto tramo oral y público que se desarrolló entre 2018 y 2020 y que evaluó, por primera vez en sus casos, sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos de más de 800 víctimas. Al comienzo de aquel juicio, Ferrari recusó a dos de los tres jueces que integraron el TOF 5 –Daniel Obligado y Adriana Palliotti– por considerar que no eran parciales –habían emitido condenados en el tramo anterior–. La cuestión se resolvió días antes del veredicto, cuando la Corte Suprema confirmó el planteo del represor y ordenó un nuevo proceso para él con otros jueces. Aquello finalmente ocurrió en octubre de 2023, cuando lo comenzaron a juzgar Sabrina Namer, Fernando Machado Pelloni y Enrique Méndez Signori.

Una coartada que no funcionó

La prueba revisada a lo largo del debate “no deja lugar a dudas” sobre que “el aquí imputado fue parte del grupo de tareas que funcionó en la ESMA al menos entre el 5 de abril de 1977 y el 6 de febrero de 1978”, puntualizó Krmpotic, quien aclaró que para esa querella, el período de tiempo era más extenso. El represor fue reconocido por sobrevivientes como uno de los integrantes de la patota que se hacía llamar “Pantera” o “Diego”. Ricardo Coquet, por ejemplo, lo recordó como uno de los integrantes de la lista que el jefe de Inteligencia del GT3.3.2 Jorge “Tigre” Acosta le encargó transcribir algún día de agosto de 1978. Coquet también indicó que “Pantera” era de los represores de la “línea exterminator”, alegó Noli, colega en la querella acusadora. “Coquet comentó como (el represor Francis) Whamond les decía ‘a ustedes yo siempre voto por matarlos porque no quiero un juicio de Nuremberg. Y también dijo que Pantera era de esa línea, de la línea exterminator”, describió el abogado. Martín Grass y Ana Soffiantini, otres sobrevivientes, también lo reconocieron.

Y si bien la coartada del marino retirado fue siempre plantear que lo estaban confundiendo de Ferrari, que él no era quien decían, que entre 1977 y 1978 estuvo destinado al buque Ara Rosales, la prueba documental lo desmintió, al ser “absolutamente contundente respecto de que Ferrari no estuvo en el Ara Rosales en este tiempo”, puntualizó Noli.

Los documentos

“La materialidad de los hechos que se juzgan ya han sido probados en otros tramos de esta misma causa”, advirtió Krmpotic en la audiencia que se llevó a cabo el lunes a la tarde y que el medio de comunicación comunitario La Retaguardia transmitió con las limitaciones impuestas por el Tribunal Oral Federal número 5 –obligaron al medio a reproducir la filmación del Poder Judicial, sin poder tomar imágenes del acusado, por ejemplo–. “No se encuentra en debate que en la ESMA funcionó la sede del GT 3.3.2, que en el Casino de Oficiales funcionó un centro clandestino, que en sus sótanos funcionaba un lugar donde se llevaban adelante los interrogatorios, que las víctimas eran sometidas a condiciones inhumanas de vida, que la gran mayoría fueron eliminadas físicamente utilizando diversos mecanismos”, continuó el abogado.

En ese sentido, la querella aseguró que “la prueba se ha robustecido” durante los breves meses de audiencias. “Principalmente, gracias al trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis” de archivos que dependían del Ministerio de Defensa, que nutrían de información las causas de lesa humanidad a lo largo y ancho del país y que “acaba de desmantelar el ministro Luis Petri”, subrayó Krmpotic. El abogado destacó el trabajo del área ya que “ha logrado encontrar el talón de aquiles de la política de destrucción de prueba que han desarrollado las fuerzas armadas hacia mediados de 1983”.

En el caso de este debate, fue a partir del legajo de servicio, el legajo de concepto y el recibo de sueldo de Ferrari, toda documentación aportada por el área, que se “pudo establecer con precisión quirúrgica” el recorrido y los “servicios prestados” del acusado: “Estos documentos indican sin lugar a dudas que durante el recorte de período indicado tuvo funciones en la Dirección de Personal, y acá –en el juicio– el propio Ferrari nos hizo saber que la modalidad para enviar en comisión a algún personal que tenía destino en un buque era destinarlo a la DIAP (Dirección de Personal)”, amplió el abogado.