Pettovello no responde a un pedido de informes por tratamientos de pacientes graves | Amparo en otro escándalo de Capital Humano

¿A cuántos pacientes sin recursos le dio sus medicamentos para enfermedades graves la Dirección de Asistencia Directa por situaciones especiales (DADSE) mientras dependió de Sandra Pettovello? ¿Qué presupuesto previó? ¿Qué procedimientos y protocolos utilizó para aprobar la entrega y la asistencia médica especializada? El Ministerio de Capital Humano sigue sin responder esos y otros interrogantes incluidos en un pedido de acceso a la información pública que hizo el diputado Juan Marino (UxP) el 16 de abril. No les debe resultar fácil dar una explicación, ya que desde diciembre cientos de personas vieron sus tratamientos oncológicos y de diverso tipo interrumpidos, situación que no se termina de regularizar. La cartera había pedido prórroga para contestar, pero el plazo venció hace diez días. Marino presentó un amparo con la expectativa de que una orden judicial intime a la ministra. 

Pettovello tuvo la DADSE bajo su órbita desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta el 20 de febrero, cuando pasó al Ministerio de Salud. Igual que con los alimentos para comedores comunitarios, la ministra favorita del presidente dijo que no entregaba la medicación para pacientes oncológicos, con enfermedades graves o raras que carecen de cobertura médica, porque la compra a los laboratorios se había hecho “de una manera irregular, por procesos administrativos que no están contemplados lícitamente…”. Presentó una denuncia penal haciendo gala de una supuesta auditoría, pero el 22 de marzo último el juez federal Julián Ercolini la desestimó y sostuvo que no había ningún delito. Es decir, para privar a pacientes de sus tratamientos la cartera se escudó en un argumento que luego un fallo sostuvo que no existía. 

Desde diciembre, como informó este diario, fallecieron cerca de 50 personas en la espera de su medicación. Por lo menos siete casos se hicieron públicos por los relatos de sus familias y allegados. 

El amparo de Marino, que le tocó al juez contencioso administrativo Esteban Furnari, señala que Capital Humano incurrió, según “el artículo 13 de la Ley 27.2752”, en una
denegatoria injustificada” a brindar “información pública” “referida al funcionamiento de la DADSE, de suma importancia pública teniendo en cuenta que
dicho organismo tiene la obligación legal de brindar asistencia a personas con
enfermedades graves que no cuentan con los medios económicos para acceder a
medicamentos de alto precio”. El diputado responsabilizó al gobierno “por llevar a la muerte a personas con enfermedades graves”. Fue en la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que citó a Pettovello para el martes próximo a cuento del escándalo por no entregar alimentos a comedores y merenderos. 

Subejecución y 97 amparos

El ministro de Salud, Mario Russo, que ahora tiene a cargo la DADSE, contestó el pedido de acceso a la información que le hizo también el diputado Marino por el mismo tema. No respondió todo pero dejó algunos datos inquietantes: 

*El presupuesto previsto para el período 2024 para la DADSE es de $37.985.218.890, el mismo que en 2023. Hasta el 28 de mayo, fecha en que respondió el ministro, el monto ejecutado fue de $9.196.120.166 pesos. Como ya pasó medio año los números indican que hubo subejecución presupuestaria. Tampoco precisa en que se usó la plata. 

*La DADSE, describe la respuesta que firma el director nacional Hernán Cohen Arazi, tiene la misma “estructura organizativa, cargos y responsabilidades” que tenía en Capital Humano. “Cuenta con un área de administración, otra de trabajadores sociales, un área legal, una de presupuestos y un cuerpo de médicos auditores”. No dice quienes son los funcionarios y quién dirige. En medio del revuelo por un tema tan delicado renunció Sergio Eloy Díaz, que era director pero no tenía nombramiento. Lo reemplazó Román Angel Broda. 

*El ministerio hizo públicos a través de su página web los llamados a presentar presupuestos. Informa que hay un reglamento de tramitación de subsidios de alto costo en estudio. Afirma que “se está garantizando la continuidad de los trámites y mejorando la celeridad de los mismos”. Esto último es relativo según testimonios recogidos por Página/12.

* Desde febrero la DADSE dice que registró 513 “casos ingresados”. No precisó el tipo de enfermedad y tratamiento. El amparo colectivo presentado por seis organizaciones de pacientes y familiares daba cuenta de unos 1900 expedientes (gente que necesitaba continuar un tratamiento). La cartera de Russo dice que “el área de trabajadores sociales” hace un seguimiento hasta la entrega del medicamento. 

*Salud registra 97 amparos judiciales de pacientes en situación vulnerable que no recibieron su medicación. Su reporte dice que acata las órdenes judiciales. Aunque al menos con anterioridad, algunas fueron apeladas, lo que dejaba en claro la negativa a otorgar la medicación. 

Este informe, dice Marino, deja en evidencia que “licuaron el presupuesto para la DADSE, como hicieron con todos los presupuestos, por ende la subejecución en los hechos es muchísimo mayor”. “De los 513 casos que dicen haber atendido no aclaran cuántos resolvieron ni cuántos pedidos hubo. Es incompleta la información. Estamos analizando plantear otro amparo ya que no sólo “el silencio del sujeto obligado” sino “la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán considerados como denegatoria injustificada a brindar la información”. 

En primera persona

“Atravesamos una situación de urgencia”, dice Alexis Descouvieres, de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) a la que se sumó a partir de la enfermedad y el fallecimiento de su hijo en 2021. Ahora acompaña a otras personas y cuenta que desde los inicios del gobierno libertario comenzaron las quejas porque la DADSE no entrega los medicamentos. “Para muchas personas ha desmejorado su calidad de vida y otras han perdido su vida. Ahora algunos de los expedientes que se habían presentado en diciembre del año pasado empezaron a ser atendidos. De los 1900 que presentamos avanzaron alrededor de 300”, explica a Página/12. Aún así, aclara, “no se están tomando expedientes nuevos”. Los que tienen trámite “se deben renovar cada tres o seis meses según la patología”. “Para peor –agrega– se cerraron los 68 centros de referencia de todo el país donde las personas se acercaban a hacer los trámites”. 

Pablo Riveros, de 20 años, tuvo que presentar un amparo para conseguir la restitución de su tratamiento para la extraña enfermedad que padece. Se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, que hace que sus glóbulos rojos se descompongan y esto le genere una anemia tal que limita su capacidad de moverse. No tiene cura, pero la medicación lo ayuda a vivir mejor y a evitar complicaciones como la trombosis. El problema es que cuesta 42.000 dólares por mes y él no tiene obra social. La DADSE había dejado de dársela en diciembre. Con una medida cautelar, volvió a recibir la droga. El problema es que una vez que se le terminan los seis frascos mensuales debe continuar.  

“Pensamos que con el amparo ya no habría complicaciones pero no fue así. Logramos que nos preste tres el hospital de Clínicas para aplicarse el 20 de mayo”, cuenta Stella Coronel, su mamá. La única forma que tiene de comunicarse con la DADSE, se lamenta, es por e-mail. “Siempre nos responden que esperemos 15 días. Por teléfono no atienden. Los denunciamos penalmente por incumplimiento. Pablo debía tener el tratamiento otra vez el 3 de junio, pero no cumplen con los tiempos”, comenta con hartazgo. Tuvieron que salir en televisión para que el ministro les hiciera llegar un mensaje avisando que los llamarían. Antes de Milei y Pettovello, nadie tenía que llamar a los pacientes para avisarles nada: simplemente recibían su medicación en la fecha indicada. 

Celeste Quintana, de 32 años, había iniciado los trámites en la DADSE en noviembre del año pasado después de que le diagnosticaran linfoma de Hodgkin. Si no es tratada, la enfermedad (cáncer del sistema linfático) puede agravarse. Debía empezar el 23 de enero. Recién pudo comenzar con media dosis que obtuvo por una donación en febrero. Necesita cuatro ampollas de pembrolizumab de 100 miligramos cada seis semanas. Cada ampolla cuesta unos 7 millones de pesos. 

Celeste obtuvo una medida cautelar a su favor pero increíblemente el gobierno apeló. “Recién me entregaron la medicación el 12 de abril, ahí pude hacer la quimio completa. Ahora tengo que hacer otra vez el trámite para pedir la medicación y me están poniendo muchas trabas burocráticas. El viernes me dijeron que me tengo que hacer una tomografía PET nueva con el argumento de que tiene ocho meses. Pero no es cierto, me la hice el 21 de noviembre. Como no tengo obra social ni plata me la tendría que hacer en el hospital, y ahí serán dos meses hasta conseguir el turno, más lo que demora la DADSE”, relata angustiada. 

Un panorama desolador. La decisión política de achicar y dilatar las prestaciones médicas costosas para personas en situación de vulnerabilidad social (que en un comienzo habían sido directamente suspendidas) es ostensible. El Poder Judicial no siempre ayuda: el amparo colectivo de las organizaciones paseó por despachos desde mediados de abril porque ningún juez aceptaba la competencia. La Cámara determinó que lo tramite el juzgado en lo Civil y Comercial de Marcelo Bruno Dos Santos, quien tiene la oportunidad de dar una respuesta. Con un gobierno que desprecia el papel del Estado casi todo termina en tribunales, hasta la vida.