El Gobierno cedió para obtener los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal | No logró ampliar el listado de las privatizaciones

El gobierno nacional se quedó sin las privatizaciones que quería, pero, a cambio, cerró el acuerdo que le faltaba para, este jueves, convertir en ley la Ley Bases y el paquete fiscal. Acorralados por Miguel Ángel Pichetto, que terminó terciando en favor de los acuerdos que se habían tejido en el Senado, el oficialismo – así como sus aliados más mileístas de la UCR y el PRO – terminó teniendo que aceptar que no tenía el número para imponer la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. El dictamen de la Ley Bases, finalmente, se convirtió en un texto de una sola oración que aceptaba las modificaciones introducidas en el Senado. En el caso de paquete fiscal, mientras tanto, se optó por un formato híbrido: se acompañarán todos los cambios introducidos por el Senado, excepto en los dos capítulos que más le importan al gobierno. Es decir: restitución del impuesto a las Ganancias y reforma a los Bienes Personales. 

El acuerdo se había terminado cerrar el lunes y se cristalizó el martes al mediodía en una reunión con los dos soldados de Casa Rosada, José Rolandi y María Ibarzabal. El gobierno no estaba contento: con el apoyo de Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, el oficialismo había presionado hasta último momento para insistir en la versión de Diputados que privatizaba, entre otras empresas públicas, Aerolíneas, Correo y RTA. Pero el tándem Pichetto-Oscar Agost Carreño se había encargado de hundir estas expectativas. Los dos diputados de Hacemos Coalición Federal le habían advertido que, si decidía avanzar con la versión de Diputados, cuando había sido el propio oficialismo el que había anunciado en el Senado que quitaba esas empresas del listado, abría la puerta a una judicialización.

Al oficialismo el argumento de la judicialización no lo convencía – Silvia Lospennato, su espada técnica, les había planteado que había muchas otras interpretaciones posibles -, pero el número era indiscutible: sin HCF, el oficialismo la tenía difícil para emitir un dictamen de mayoría de Ley Bases. Especialmente luego de que, tras un zoom radical a las 9 de la mañana, la línea mileísta de la UCR fracasó en su intento de convencer al resto de la bancada de insistir en la privatización de Aerolíneas, Correo y RTA. Solo cuatro diputades defendieron la línea privatizadora de De Loredo – Martín Tetaz, Francisco Monti, Pamela Verasay, Luis Picat -, el resto, en cambio, terció en favor del acuerdo del Senado. Después de esto, Rolandi no tuvo otra que reconocer la derrota. “Son unos tibios al final”, le recriminó a un dirigente de HCF. 

La versión final: entre el poroteo y la impugnación constitucional

Tras la cumbre con Rolandi y Ibarzábal, en la que se abocaron a porotear cómo estaban para terminar de sancionar las leyes, se reunió el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Superados los escollos por las privatizaciones, el oficialismo optó por presentar un dictamen de mayoría breve que, en una sola línea, sintetizaba que se acompañaría “en su totalidad” las modificaciones introducidas por el Senado. A excepción de la izquierda, Unión por la Patria y la socialista Mónica Fein, todes les diputades firmaron: hubo un total de 66 firmas provenientes del PRO, LLA, todas las vertientes de la UCR, la Coalición Cívica, y HCF. Varios, sin embargo, aprovecharon para parecer más libertarios que el oficialismo y se quejaron de que no se privatizaran todas las empresas. 

“Queremos avanzar en la privatización de estas empresas que fueron manejadas políticamente, entrando ñoquis por la ventana, cobijando agrupaciones como La Cámpora que la hace deficitaria y la hacen inviable”, se quejó Silvana Giudici, de la línea bullrichista del PRO. El PRO había optado por diferenciarse del oficialismo en este punto, buscando correrlo por derecha, y envió a uno de sus diputados – Luciano Laspina – a firmar en disidencia por oponerse a que se quitara la privatización de las tres empresas.

“No se habilita la insistencia en Diputados”, la desmintió, en cambio, Nicolás Massot (HCF). “No solamente porque formaron parte de un acuerdo de quórum para que esta ley fuera posible y eso en sí mismo para nosotros al menos tiene un valor, sino porque además en términos jurídicos consideramos que ni siquiera fueron sujetos a votación ni en general”, explicó el ex diputado del PRO, que aprovechó para diferenciar el caso de las tres empresas y la eliminación de la moratoria previsional – que el oficialismo había concedido en quitar en el Senado – con el caso de la restitución de Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazadas en la votación en particular del Senado.

Esta interpretación, compartida por el oficialismo y el resto de la oposición dialoguista, es objetada por UxP, que denuncia que el rechazo de una cámara a un capítulo, en el marco de una ley ómnibus, no puede ser interpretado como una “corrección”. “Esto puede ser uno de los mamarrachos jurídicos más graves de la historia muchachos”, los cruzó Vanesa Siley, quien denunció que, para sancionar el capítulo de Ganancias y de Bienes Personales, se necesitaba “un doble conforme”. Es decir, que fuera aprobado por las dos cámaras, porque eran capítulos que tenían “plena autonomía” en la Ley Bases. “Esta es una ley arbitraria y con vicios de inconstitucionalidad que, lamentablemente, terminará definiéndose en Tribunales”, advirtió el titular de UxP, Germán Martínez.

“Lo único que hay acá es la intención aviesa del club del helicóptero para que fracase esta ley”, disparó Lospennato, que se abocó a defender la constitucionalidad de avanzar con la restitución de Ganancias y la reforma de Bienes Personales y terminó cruzándose a los gritos con diputadas de UxP . “Saliste cuarta en la elección”, la chicaneaban dirigentas peronistas, haciendo referencia a su larretismo en sangre (que, en los últimos meses, había terminado mutando a un mileísmo activo). “Se creen que los que respetamos la voluntad popular somos oficialistas. Sabemos que perdimos la elección, pero respetamos la voluntad popular de los argentinos”, les respondía, a los gritos, la diputada del PRO. 

Más allá de las objeciones de UxP, el oficialismo sabe que cuenta con la mayoría para imponer su interpretación del artículo 81 de la Constitución, por lo que no teme, de momento, una judicialización de Ganancias y Bienes Personales. Más preocupado está, en cambio, para llegar con el número para su aprobación. De las 27 firmas que obtuvo el dictamen de mayoría de paquete fiscal, cuatro fueron en disidencia: una de Juan Manuel López, por el blanqueo de capitales, y otras de los radicales Lisandro Nieri, Mariela Coletta, y Tetaz.

La restitución de Ganancias – que impone el impuesto para todas las personas que cobren más de 1,8 millones de pesos – es el capítulo que más temores despierta en el oficialismo. Según el poroteo que maneja Casa Rosada, el oficialismo cuenta con 129-130 voluntades: lo justo para su aprobación. El peligro es que varios radicales sin techo (es decir que no responden a un gobernador), que antes se habían ausentado (o, incluso, votado a favor) terminen votando en contra. El gobierno buscará sumar algunos votos entre los gobernadores peronistas: los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil – que antes se habían abstenido – están en la mira.