19/07/2024

Los sindicatos ponen el grito en el cielo por la desregulación del mercado aéreo | “Se vulnera de forma absoluta la soberanía nacional”



El gobierno de Javier Milei, por más que no logró privatizar Aerolíneas Argentinas dentro de la ley Bases, avanzó este miércoles con el decreto 599/24, que cambia el modo de acceso a los mercados aerocomerciales, deroga normas y modifica el Código Aeronáutico. El objetivo es cambiar el modo en el que se otorgan las autorizaciones para operar en territorio argentino y, con eso, permitir la desregulación y el ingreso de empresas aerocomerciales de otros países que destruirán a la aerolínea de bandera, generarán la pérdida de puestos de trabajo, cierre de rutas y pondrán en riesgo la seguridad aérea. Así lo denunciaron la gran mayoría de los sindicatos aeronáuticos del país como APA, APLA y el sindicato de Aeronavegantes.

Con la publicación del decreto 599 en el Boletín Oficial se permite que las aerolíneas realicen los contratos que quieran quitando todo tipo de limitación. La autorización para operar en el país, además, pasará a depender únicamente de la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que quedó bajo la órbita del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El decreto lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de Caputo, pero uno de los máximos impulsores fue el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El encargado de anunciar que se iba a publicar el decreto, sin embargo, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando el martes por la noche twitteó: “Cielos abiertos y desregulación del transporte aéreo, una nueva realidad”.

Según Alejandro Kogan, representante del sindicato de Aeronavegantes, “la Argentina tiene tres soberanías, como cualquier país del mundo: la marítima, la aérea y la terrestre y cada una de esas superficies tienen libertades que los gobiernos otorgan a fin de ser explotadas. En el caso de la soberanía aérea nuestro país tiene 9 libertades las cuáles han sido entregadas de forma absoluta con este decreto a todos los países de la región, a los que se sumó ahora Canadá”.

En esa línea, Kogan remarcó que, luego del decreto, cualquier empresa con matrícula, legislación y tripulación extranjera podrá explotar la totalidad del territorio nacional “como se le dé la gana”. Para el sindicato de Aeronavegantes, con esta política “se vulnera de forma absoluta la soberanía nacional”, y agregan que el decreto “no hace más que poner en franca amenaza la línea aérea de bandera”. Las empresas que se instalen en el país, dicen, van a poder unir los territorios provinciales “solo enfocados en lo rentable, generalmente vinculado al turismo”. Además, marcan el riesgo que se correrá por la pérdida de puestos de trabajo, y añaden que este tipo de aperturas no se conocen en ningún lugar del mundo, ni siquiera en los países más liberales.

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, en tanto, expresó que el gobierno de Milei “Está rifando nuestra soberanía”, y mencionó que el decreto pone en riesgo la seguridad y propicia “la apertura a un estado narco porque ni siquiera se van a controlar los aeródromos”. El titular de Apla graficó que, con el permiso para que cualquier aerolínea de los países de la región y de Canadá puedan ingresar a operar las rutas locales, se va a generar un proceso de dumping. “Te quiebran y ellos se quedan con el monopolio. Una vez que lo tienen empiezan a extorsionar a las provincias y municipios. Por ejemplo, le dicen a la Cámara hotelera que si no les pagan levantan la ruta”, graficó.

Desde la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), su titular, Edgardo Llano, contó que en la elaboración del DNU no participó ningún gremio y aclaró que nunca fueron citados con ese fin. Es más, informó que ellos pidieron al subsecretario de transporte aéreo, Hernán Gómez, que los sindicatos sean convocados para dialogar sobre el tema y no tuvieron respuesta del gobierno. Las que sí han participado, dijo, “fueron las empresas extranjeras, las americanas y el grupo Latam, que son las que han determinado el nuevo código aeronáutico y las nuevas medidas que venían reclamando las empresas extranjeras hace muchos años”. “Lo dejaron todo en manos de los grupos más grandes extranjeros mega transportadoras Delta, American”, denunció.

El decreto publicado en el BO, además, permite que haya más operadores de rampas y que cada aerolínea pueda elegir la empresa que le brinda el servicio. En la actualidad, Intercargo tiene la exclusividad. Sobre ese tema, Cecilia Moccia, miembro del sindicato APA, aseguró que tanto Aerolíneas Argentinas, como Intercargo –que es la rampa que tiene llegada nacional– son superavitarias y permiten el ingreso de divisas. Opinó que “detrás de esto hay una razón de fondo que es política y es que quieren bajarle el precio a la aerolínea de bandera y colocar las rutas en manos privadas porque es un negocio”.

Moccia analizó que, con el decreto, los países habilitados podrán poner las frecuencias que quieran, llevar cargas, correo y pasajeros argentinos desde cualquier origen a cualquier destino dentro del país sin que haya reciprocidad y sin que la Argentina pueda hacer lo mismo en otros países. “Más allá de eso, tampoco tenemos la capacidad operativa que sí tienen otras grandes empresas con flotas gigantes como Latam Chile”, dijo y subrayó: “El problema es que puede venir cualquier avión de LAN, por ejemplo, y volar la ruta Buenos Aires- Córdoba con tripulación extranjera y sin poner un solo peso. Es libertad de empresa para utilizar nuestras rutas, nuestro correo y nuestros pasajeros, llevándose todos los dividendos”.

Otro riesgo es que la ANAC otorgue permisos sin siquiera chequear el estado financiero y el respaldo con el que operarán esas empresas. “Pueden ser empresas que ni siquiera tienen aviones”, denunciaron desde APA. En esa línea, ejemplificaron que: “Alguien puede armar una SRL, pedir a la ANAC que le conceda rutas, que se las den y, sin tener un solo avión, venderle el capital a otra empresa de afuera”. “Se hizo un gran negocio y se llevan la plata sin ningún chequeo operacional. Se pierden empleos, quedan ciudades desconectadas y aisladas. Algo similar ya pasó en los 90 y no nos fue bien”, resumieron.



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