Patricia Bullrich rinde examen ante la CIDH por la represión a la protesta social | “Cárcel y bala”, así define el CELS la política de seguridad de Javier Milei

José Luis Espert popularizó el latiguillo represivo de “cárcel o bala”. En la Argentina de Javier Milei, ya no hay que elegir entre las dos opciones. Todo el menú está disponible desde que la política de seguridad está en manos de Patricia Bullrich. Así lo caracterizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un balance sobre la situación de la protesta social desde que gobierna La Libertad Avanza (LLA). Este jueves, a las 15, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchará los reclamos del CELS y de otras organizaciones que denuncian el avance de la represión y la criminalización. Al gobierno le restará responder a los cuestionamientos ante el organismo regional.

“Desde diciembre de 2023 protestar en Argentina es un delito”, sostiene el CELS en su informe Cárcel y Bala. Ese será el diagnóstico que escucharán los comisionados y las comisionadas en la audiencia en la que está previsto que expongan referentes del CELS, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), HIJOS, Redcom y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Serán voceros de más de 100 organizaciones que vienen denunciando la avanzada represiva del gobierno de Milei, que incluso aspira a cobrar los operativos descomunales que monta Bullrich.

“Es un momento importante porque el Estado tiene que rendir cuentas en materia de criminalización y represión de la protesta social”, sostiene Diego Morales, director de litigio del CELS. Se espera que haya algún representante de la cartera que dirige Bullrich para contestar a los señalamientos de las organizaciones y las preguntas que puedan formular los miembros de la CIDH.

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Organización de Naciones Unidas (ONU) vienen monitoreando lo que sucede en el país frente a las manifestaciones callejeras. La semana pasada, la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) manifestaron su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra quienes se manifestaron el 12 de junio pasado –mientras el Senado trataba la Ley Bases– y urgieron al Estado a no criminalizar la protesta.

El huevo de la serpiente

Tan solo cuatro días después de que asumió Milei, Bullrich presentó en sociedad su “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. En la práctica, implicó que protestar interrumpiendo el tráfico pase a ser un delito en flagrancia. Como quienes salen a manifestarse no pueden elegir ni dónde ni cómo hacerlo, esto anula el derecho a la libre expresión.

Bullrich eligió un día anclado en la memoria social para estrenar su protocolo: el 20 de diciembre, cuando se cumplían 22 años de la represión a las protestas que precedieron a la renuncia del gobierno de la Alianza –del que ella formó parte. Ese día, no solo saturó las calles con integrantes de las fuerzas a su cargo, sino que también diseñó un operativo con requisas en más de 700 transportes públicos para evitar que la gente llegara hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Como el protocolo prevé la conformación de una especie de banco de datos con organizaciones o personas que cortan las calles para protestar, después del 20 de diciembre, catorce grupos pasaron a engrosar las listas negras del Ministerio de Seguridad.

Como sostiene el CELS, el protocolo les dio a las fuerzas la justificación para que actúen de manera violenta y arbitraria. “A partir de estas nuevas reglas, la actitud policial en las calles durante los operativos es de hostigamiento constante”, denunciaron desde el organismo.

Bullrich, además, derogó la resolución 210 que firmó Nilda Garré en 2011, que establecía límites a la actuación policial para la protección de los manifestantes y de los trabajadores de prensa que cubren las movilizaciones. Entre otras cosas, esto implica que no está vigente la prohibición de portar armas letales o la obligación de que el personal policial esté debidamente identificado.

Hubo un uso indiscriminado de armas menos letales –como las balas de goma o los gases– que dejaron un saldo de, al menos, 665 heridos en las protestas que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires. De esas personas que fueron atacadas, 47 fueron trabajadores de prensa. Hubo, al menos, 20 heridas en las protestas en Misiones –estima el CELS.

Las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma al rostro de quienes estaban en las manifestaciones. El abogado Matías Aufieri, del Ceprodh, estaba el 1 de febrero en la zona del Congreso relevando los casos de heridos. Le dispararon, debió ser intervenido quirúrgicamente y perdió la visión en uno de sus ojos. Lo mismo sufrió el 10 de abril Claudio Astorga, de la UTEP, cuando participaba de una manifestación para reclamar alimentos en el Ministerio de Capital Humano.

Los gases también son rociados a corta distancia, como se vio el 12 de junio con el ataque de la Prefectura a un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP). Ese día también se comprobó –apunta el CELS– que se emplearon químicos que estaban vencidos desde 2022.

“Ya en diciembre todo el arco de las organizaciones militantes de la Argenina se pronunció en contra del protocolo del Bullrich –dice Aufieri. Ya veíamos que la criminalización y la represión de la protesta iban a ser un eje de este gobierno. Siempre decimos que el derecho a la protesta es el nervio democrático porque es el principal derecho. Por eso, un gobierno como el de Milei –que se propone un ajuste feroz de las masas– necesita impedir la protesta”.

La escalada criminalizadora

El 12 de junio se produjo una escalada criminalizadora con la detención de 33 personas que estaban en la zona del Congreso mientras sesionaba la Cámara Alta. Les aplicaron una batería de delitos tales como lesiones, daños, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, pertenencia a grupos que buscan imponer sus ideas por la fuerza y la perturbación del funcionamiento del Poder Legislativo.

El gobierno acusó a quienes se manifestaron de terroristas y de estar orquestando un golpe de Estado. El fiscal Carlos Stornelli tomó las declaraciones oficiales como elementos para impulsar su acusación. No controló la actuación de las policías; por el contrario, usó –como marca el CELS– la información inverificable que ellas le hicieron llegar para construir hipótesis conspirativas. Aun así, hay cuatro personas que aún siguen presas en cárceles federales –con el beneplácito de la Cámara Federal porteña.

“La otra cara de las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y la imputación de delitos fuera de toda escala es la ausencia de investigaciones judiciales sobre la violencia policial”, señaló el CELS. En su informe, además, advirtió cuál es el efecto que está generando la política represiva del gobierno de Milei: achicar el espacio cívico en la Argentina.

Por el momento, no se sabe cuál será el temperamento que adoptará la administración Milei ante un cuestionamiento a su política antiprotesta. Sí se sabe que el gobierno viene llevando a la práctica una política antiderechos en ámbitos internacionales.

El protocolo de Bullrich ya fue criticado por relatores de la ONU. La ministra estalló en enero y firmó un comunicado diciendo que se había reunido con representantes de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a quienes les había transmitido su incomodidad por las críticas. La relación no mejoró: la ONU después envió una nota a los diputados para participar del debate de la primera versión de la ley Bases porque advertía que los artículos propuestos por Bullrich podrían, por ejemplo, dar vía libre a ejecuciones extrajudiciales.