Por quinta vez el juez Sebastián Casanello le reclamó al Ministerio de Capital Humano que le brinde información sobre el destino de los alimentos acopiados en sus galpones. Le puso un plazo de 72 horas. La cartera debe cumplir una medida cautelar que le había ordenado el 27 de mayo último armar un plan de reparto y ejecutarlo pero, además, tiene que actualizar información que el juzgado le pidió pero no proporcionó. Hasta ahora entregó, según los datos que hay en la causa, menos de un 10 por ciento de las más de 5.500 toneladas de comida guardada.
Casanello le exigió a la cartera que conduce Sandra Pettovello cuatro cosas que aún no le proporcionó:
* Los remitos originales de la entrega de alimentos que hizo Capital Humano desde los inicios del gobierno de Javier Milei. En un allanamiento que se hizo por orden del juez en el galpón de Villa Martelli aparecieron documentos con los listados pero no tenían firma. Ese operativo se hizo porque había discrepancias entre el listado de productos guardados que había presentado el ministerio y lo que había respondido en un pedido de acceso a la información pública.
* Los remitos de la leche en polvo y harina de maíz que Capital Humano envió a la Fundación Conin y cual fue el destino puntual que tuvo esa mercadería, con la documentación firmada por los beneficiarios. Se supone que son 465.464 kilos de leche y 4.439 de harina. La entidad, que conduce el antiderechos Abel Albino, fue elegida por el gobierno para actuar como intermediaria. Si bien tenía una prédica contra la intermediación en la política alimentaria, quedó a la vista que lo que no quieren es la participación de las organizaciones sociales, a las que denostan.
* Como respuesta al pedido de un plan de distribución de alimentos, Capital Humano hizo una presentación escueta ante el juzgado en la que decía que convocaría a los ministerio de Desarrollo de las provincias para que colaboren con la entrega en las escuelas vulnerables, lo que incluye la logística. Luego informó que había acordado con todas las provincias menos con Tierra del Fuego. El juez le pide que aporte los convenios firmados con los gobiernos provinciales y que precise qué avances hubo.
* Un informe del estado de distribución de leche en polvo marca Cotar y pasas de uva que vencen ahora en agosto.
Este expediente es el que se inició con una denuncia de Juan Grabois (Argentina Humana) presentada en febrero, que daba cuenta de la suspensión de la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios que gestionan organizaciones sociales. En medio del trámite se conoció que el ministerio guardaba alimentos y que el stock incluía productos, como la leche en polvo, que estaban por vencer.
Mientras se investigaba si Pettovello y los funcionarios de la Secretaría de Niñez que deben ocuparse de la política alimentaria cometieron algún delito (incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y/o administración fraudulenta) Casanello dictó una medida cautelar para que la cartera diseñe y le entregue un plan de reparto. Esto es lo que nunca terminó de acatar. Incluso apeló, con el argumento de que es una política social “no judiciable”. Pero tanto la Sala II de la Cámara Federal como la de Casación Penal confirmaron la decisión del juez de primera instancia. Ahora el tema está en la Corte Suprema, con una presentación del procurador del Tesoro Rodolfo Barra. Según la información que hay en el expediente de los 5,5 millones de kilos de alimentos Capital Humano entregó 495.000.
Un pedido de multa
La Asociación El Amanecer de los Cartoneros, que da de comer a unas 32.400 personas en 320 comedores, es querellante en la causa penal, y le había pedido a Casanello que intime a Pettovello y que le imponga “astreintes” (una sanción económica por cada día de incumplimiento). También indicó que espera que si sigue sin acatar la cautelar se la denuncie por desobediencia. “El supuesto plan presentado por este ministerio fue, lisa y llanamente, un intento de engañar a la población en general y a la justicia en particular respecto de un supuesto cumplimiento de la manda judicial que no es tal. Cada día que el gobierno incumple con la medida es un día donde la comida no llega a la población vulnerable, en un contexto de crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia”, dice el escrito, que advierte que cada vez más comida de la que está guardada en los galpones de Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli, se acerca a la fecha de caducidad.
Como ejemplo de la situación, la presentación judicial cita los dichos recientes del ministro de Desarrollo de la
Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque en una conferencia de prensa: “Yo quiero decirles, informar, y pedirle a la ministra Pettovello a quien no
conozco, no tengo el gusto de conocer, no intercambié WhatsApp, no tuve un llamado
telefónico, nos manejamos con funcionarios subalternos (…) pero hace un mes que estamos a las vueltas con la entrega de alimentos para la Provincia de Buenos Aires. Firmé un convenio y
ahora resulta que ese convenio lo quieren modificar. Todos los días pasa algo (…) hay
mucha gente en la Argentina que la está pasando mal y la provincia de Buenos Aires no
está exenta de estas situaciones, por eso pido encarecidamente que dejemos de dar vuelta burocráticas y que de manera inmediata nos entreguen esos alimentos porque en la Provincia
de Buenos Aires son muy necesarios”. “Desconocemos si efectivamente esta situación sucede en otras jurisdicciones, pero la
experiencia nos hace suponer que lamentablemente es así”, advierte el texto.
El otro expediente
En el fuero contencioso administrativo tramita un amparo colectivo, impulsado por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Allí, antes de que comenzara la feria judicial el juez Walter Lara Correa firmó una medida cautelar en la que le dice al Estado nacional, en este caso Capital Humano, que debe cumplir con los programas alimentarios que él mismo reconoce que están vigentes pero que no aplica: Argentina Contra el Hambre, el Programa Nacional Alimentar Comunidad y el de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El cumplimiento, según cada plan, consiste en la entrega de fondos o de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. En su fallo el juez Lara Correa destacó la función social que tienen estos lugares de los que se ocupan las organizaciones sociales, y que el gobierno quiere correr de la escena. Según la cautelar el gobierno debe garantizar el derecho a la alimentación de las personas que asisten a esos comedores.
Desde el CELS informaron a este diario que ningún comedor recibió nada desde la resolución de la cautelar dispuesta hace más de dos semanas y pese a que el juez que estuvo durante la feria a cargo, Martín Cormick, le pidió a Pettovello que informe como estaba ejecutando la medida en un plazo de 48 horas, y sus abogados rechazaron dar respuesta. Cormick insistió y ahora el juez titular analiza más planteos de la cartera de la ministra favorita de Milei.
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