El gobierno se quedó sin el control de la Bicameral de Inteligencia | La presidirá el senador Martín Lousteau

El gobierno –encerrado en su propia interna– perdió una batalla clave. Se quedó sin el manejo de un área especialmente sensible: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). El organismo que tendrá que monitorear la nueva-vieja Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y cómo se usan los fondos reservados quedó en manos del senador radical Martín Lousteau, que contó con los votos de Unión por la Patria (UxP) para alzarse con la comisión. Lo secundará Leopoldo Moreau, que estuvo a cargo del cuerpo durante los últimos cuatro años.

En estos ocho meses pasó de todo. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dejó de existir y, por decreto, Javier Milei decidió volver a la SIDE. El primer interventor del organismo, Silvestre Sívori, salió eyectado con acusaciones de haber hecho espionaje sobre integrantes del gabinete. El Presidente puso a Sergio Neiffert al mando de los servicios de inteligencia y, tras la reforma, decidió que no será necesario el aval del Senado para ocupar el quinto piso del edificio de la calle 25 de mayo. También creó cuatro “organos desconcentrados” al interior de la SIDE. Por si faltaban temas en agenda, le asignó 100.000 millones de pesos en fondos reservados.

En todo este tiempo, la CBI no funcionó. El principal escollo para su conformación fue que en el oficialismo no se ponían de acuerdo para decidir a quién darle la manija. A fin de año, la vicepresidenta Victoria Villarruel había repartido las comisiones con una mayoría artificial que perjudicó a UxP. Ella tenía un candidato para el organismo: Martín Goerling Lara, un senador misionero del PRO y una de las primeras caras que vio cuando desembarcó en el Senado.

Goerling Lara tenía puentes con Villarruel y con Patricia Bullrich, que hace tiempo viene queriendo poner un pie dentro de lo que son las funciones de la SIDE. La elección de Goerling hizo que Martín Menem –aliado clave de Karina Milei, que recela todo lo que hace o dice Villarruel– demorara el envío de los nombres de los diputados para conformar la CBI. Se había comprometido a hacerlo después de que se votara la ley Bases.

Pero el tema se activó después del 9 de julio. ¿Por qué? Porque había llegado a oídos de la Casa Rosada que Moreau –como la autoridad todavía a cargo ante la falta de conformación– estaba recolectando testimonios de personas que denunciaban que habían sido interrogadas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) acerca de sus afinidades ideológicas, lo que implicaría una violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Todas estas personas habían sido detenidas el 12 de junio pasado en las inmediaciones del Congreso, cuando se votaba la ley Bases. El tema escalaba directamente hacia Bullrich, que tiene a su cargo el SPF.

Recién entonces, Martín Menem mandó la nómina de diputados para apurar la formación de la Bicameral. Antes, había hecho caso omiso a las notas que le habían enviado la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) y Germán Martínez, jefe de la bancada de UxP, por la demora.

A contramano de lo que querían Villarruel y Bullrich, la Casa Rosada impulsaba la designación de Edgardo Kueider, senador de Unidad Federal que había apoyado la ley Bases sin votar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Kueider tenía el aval de Santiago Caputo, asesor de Milei y uno de los cerebros de la reforma de inteligencia que pasó el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Los catorce integrantes de la CBI llegaron a la sesión pautada para las 16 con los deberes hechos. Había un acuerdo de UxP para apoyar a Lousteau para que se quedase con la CBI. El peronismo aportó sus seis voluntades –las de los diputados Moreau, Martínez y Paula Penacca y la de los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Oscar Parrilli y María Florencia López. Lousteau sumó su voto y el de la diputada Mariela Coletta. Con ocho de los catorce votos, se repartieron la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría, que estará en manos de Parrilli, extitular de la AFI durante el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidencia segunda quedó vacante. Aparentemente, el cargo no tentó lo suficiente a Goerling Lara ni a Kueider. En el cuerpo también están la senadora Edith Terenzi (aliada del gobernador Ignacio Torres, de Chubut), los libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger y la diputada del PRO Silvia Lospenatto, que llegó hasta el anexo del Senado con lo justo después de presidir la reunión de la comisión de Peticiones en la que se discutió qué hacer con los seis diputados que el 11 de julio pasado fueron al penal de Ezeiza a visitar a Alfredo Astiz y al resto de los senadores que están allí presos.

“Que el gobierno sepa que vamos a ejercer el rol como corresponde, como dice la ley y que es un elemento muy importante para el buen funcionamiento de un sistema de inteligencia que ha venido funcionando muy pero muy mal”, dijo Lousteau a la salida. “Ustedes han visto en el pasado espionaje, filtraciones, operaciones, presiones y eso no es compatible con la vida que queremos”, completó.

Por el momento, no se avanzó en una agenda para la CBI –dijeron fuentes que participaron de la reunión, que, por la materia, es reservada. A priori, la comisión tendrá que revisar las rendiciones que hicieron la administración Sívori y la de Neiffert.

Fondos reservados

El principal interrogante es qué pasará con la sesión especial que está convocada para este miércoles a las 12 para rechazar el decreto 656 a través del cual el gobierno le asignó 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE. La sesión fue pedida por el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal). Hasta el cierre de esta edición, el poroteo daba que habría quórum.

El gobierno del Frente de Todos (FdT) terminó con un presupuesto de 15.557,8 millones de pesos para la AFI. De esos, 650 millones eran fondos reservados –según pudo reconstruir este diario. Es decir, representaban un cuatro por ciento del total que manejaba el organismo. El gobierno de Milei heredó el presupuesto, pero las partidas se incrementaron en marzo a 19.355,8 millones y en julio a 36.742 millones de pesos. El salto cuantitativo vino con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656. De esa forma, el presupuesto para la SIDE será de 136.000 millones de pesos.

La semana pasada, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, advirtió que casi el 78 por ciento de ese dinero ya había sido comprometido. “El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y comprometido otros $70.100 millones. El viernes 16 de agosto, esos $70.100 millones fueron ejecutados de manera obscena, espuria y sin ningún tipo de control. En menos de un mes, se gastaron un total de $80.060 millones en gastos reservados, lo que representa el 77.57% del presupuesto ampliado”, escribió Ferraro en su cuenta de X.

“Me gustaría ver un bloque radical que baje y que dé el debate y que vote en contra de este DNU”, dijo Lousteau al finalizar la reunión de la CBI.

En redes sociales, Moreau denunció que el gobierno estaba maniobrando para pinchar la sesión. “Están llamando desesperadamente a todos los gobernadores para que presionen a sus diputados y eviten bajar al recinto el miércoles a rechazar este DNU que es de nulidad absoluta e insanable”, escribió.