Un fiscal investiga los abusos de las fuerzas de seguridad en marcha contra la Ley Bases  | Pide datos a Bullrich y a Wolff sobre agentes y armas utilizadas

La teoría de que la protesta social es terrorismo o una violación al orden constitucional que aplicó el fiscal Carlos Stornelli a tono con lo que pregona el Gobierno Nacional, podría volverse un boomerang, también para el menos para el Ministerio de Seguridad. Otro fiscal, Franco Picardi, firmó un extenso dictamen en el que impulsa la investigación de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich el día de la movilización contra Ley Bases. El documento enumera detenciones arbitrarias, lesiones provocadas a manifestantes, diputados/as y hasta personal de salud que se encontraba en las inmediaciones del Congreso, golpizas, malos tratos e interrogatorios ilegales en comisarías y cárceles federales, además de ataques dirigidos a trabajadores/as de prensa. Entre las medidas que dispone no sólo cita como testigos a las víctimas de esos episodios y a quienes monitorearon lo que sucedía desde distintos organismos de derechos humanos, sino que les ordenó a las carteras de Seguridad de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires que aporten las listas completas de autoridades policiales, de Gendarmería y Prefectura a cargo del operativo, agentes que participaron, identificación, vehículos y armas que les fueron provistas.

Esta investigación es el “lado B” de la causa donde fueron detenidas 33 personas ese 12 de junio en que hubo protestas mientras el Senado debatía la “Ley Bases”. Stornelli intentó aplicarles delitos gravísimos –como pidió en la red “social X” la llamada Oficina del Presidente que tildó de terroristas y golpistas a los manifestantes–, pero la jueza María Servini redujo la cantidad y gravedad de calificaciones, dictó faltas de mérito, aunque dejó en pie cinco procesamientos, y finalmente el último detenido recuperó la libertad dos semanas atrás. La causa sobre el papel de las fuerzas de seguridad fue impulsada por la propia Servini. Stornelli fue recusado y quedó a cargo Picardi. “El juzgado identificó la posible existencia de hechos delictivos cometidos por las fuerzas de seguridad actuantes en el operativo…”, informa su dictamen. Este fiscal juntó gran cantidad de datos de distintas denuncias y hechos separados que en realidad, sostiene, son “parte de un entramado” y tienen “como patrones en común diversas violencias físicas que habrían sufrido civiles, en función del desempeño de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires”.

Picardi precisa que su objetivo es discernir las responsabilidades de los agentes que actuaron en las calles pero también de las “máximas autoridades”. Describe los sucesos como “posibles violaciones a los derechos humanos, en la medida que habrían sido perpetrados por agentes con capacidad de administrar la violencia estatal, en el marco de un operativo de seguridad desplegado en un contexto de manifestación pública y protesta social”. Recuerda que según lo establecido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos “es obligación de los Estados investigar y sancionar toda violación ocurrida en el marco de una manifestación pública”. Con una cita de la Comisión Interamericana (CIDH) remarca la obligación de “investigar y sancionar, adecuada y efectivamente, la fuerza arbitraria empleada por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de protestas, aplicando las agravantes prescriptas en la ley cuando el mismo se haya dirigido en perjuicio de grupos vulnerables, por haber sido sujetos a discriminación histórica con base en su etnia, raza, sexo, orientación sexual, de pensamiento y expresión, entre otras.”

Datos, abusos, víctimas

La fiscalía toma como parte de su esquema los informes entregados por distintos organismos de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante cada movilización pone en conocimiento de la CIDH y de Naciones Unidas los abusos. El organismo señaló el despliegue de fuerzas como “completamente desproporcionado y violento”, cita Picardi. Menciona el “uso abusivo de armas menos letales (balas de goma, irritantes químicos, tonfas, camiones hidrantes)” que causaron lesiones a cientos de personas, las “detenciones arbitrarias” y el “ataque contra trabajadores de prensa”. El gobierno lo hace bajo el paraguas del “protocolo” antipiquetes, que convirtió la protesta en un delito en flagrancia, con la excusa del corte de calles que, en rigor, hacen las fuerzas de seguridad. Tras la protesta contra la Ley Bases el CELS reportó 665 con lesiones de distinto tipo en movilizaciones solo en la Ciudad de Buenos Aires, además de 47 trabajadores/as de prensa heridos y 80 detenciones al azar en protestas en Córdoba, Rosario y Capital. A esta altura los números crecieron.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tuvo en cuenta el fiscal, también señaló el mismo tipo de acciones y remarcó que el personal policial “no se encontraba debidamente identificado”, además de que impedía la filmación de las escenas de represión que era parte del monitoreo que sus miembros realizaban. Fue incorporado un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que recorrió los lugares donde la gente era detenida, y describió “torturas y malos” tratos a quienes eran apresados en la calle que continuaron en comisarías y en el Servicio Penitenciario Federal, así como interrogatorios ilegales sobre pertenencia a agrupaciones políticas y sociales y “requisas vejatorias”, inclusos en lugares expuestos, insultos por estar en la marcha y descalificaciones como “te pasa por kirchnerista”, “sucia de mierda”. La Procuraduría de Violencia Institucional también denunció hechos de estas características en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, como informó Página/12. Hay una mención del caso de Nora Longo, una mujer que fue detenida filmando otra detención y que nueve días después recibió una supuesta visita policial en su casa donde le dijeron que estaban verificando si se había ido a Canadá. Pero ninguna orden judicial pedía eso.

Algunos casos específicos señalados por Picardi y llamados como testigos son: Nicolás Peralta, a quien la CPM encontró en el piso ensangrentado con heridas en un ojo, en la cabeza y signos de dolor y mareo producto –según imágenes– de golpes que recibió desde una moto la Policía Federal; Francisco Castelli, que trabajaba en una posta de salud, fue herido debajo de un ojo con una bala de goma disparada por la Federal; Gabriel Famulari, uno de los detenidos, denunció ante el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General la paliza recibida al ser detenido, el hostigamiento, que le quitaron el celular y lo dejaron tirado dos horas esposado en piso; Juan Ignacio Spinetto, docente y delegado de UTE y Ademys, también detenido, encerrado por motos, arrojado al suelo, quien recibió golpes en la cabeza por parte de la policía motorizada y la amenaza con una escopeta en la cabeza.

La investigación abarca al ataque con gas pimienta a diputados y diputados de Unión por la Patria, que también son convocados como víctimas (Carlos Castagneto, Leopoldo Moreou, Lorena Pokoik, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdés, entre otros/as), quienes habían intentado acercarse a personal de la Policía y la Prefectura cuando vieron que se abrían paso a los empujones. La respuesta, que está filmada, fueron gases y más empujones. También está incluida la ofensiva específica contra trabajadores de prensa que fueron heridos con gases, como Rocío Bao y Mario Sadras, y Mariano Dalaison con un balazo de goma en el entrecejo. Como refleja el dictamen despertó especial interés el relato de Patricio Hartridge, quien trabaja en la fiscalía de la Cámara Comercial, y relató: “nos estaban intentando cazar como animales”, describió el incendio (aún no investigado) del auto de cadena 3 y contó que tuvo que asistir a adultos mayores.

Picardi espera como testigo a quienes encabezan la CPM (el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga, historiadora, investigadora feminista Dora Barrancos) y otros miembros que estuvieron en la plaza, a integrantes del Comité contra la Tortura y expertos del CELS en cuestiones sobre armas descriptas como menos letales. Solicitó informes a los hospitales del Quemado y Santa Lucía, al SAME y cámaras públicas (del sistema de monitoreo urbano) y privadas.

Bullrich y Wolff deben responder

Los ministerio de Seguridad de la Nación –a cargo de Bullrich– y de la ciudad –que encabeza Waldo Wolff– deben entregar un informe “con carácter urgente” que indice que de manera detallada:

* Autoridades a cargo del operativo de ambas carteras, con nombre, DNI, rango jerárquico y área de pertenencia, funciones, personal a su cargo y franjas horarias de servicio durante el 12 de junio.

* Autoridades de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, así como de la Policía de la Ciudad, a cargo del operativo, con los mismos detalles.

*Listado del personal que tuvieron a su cargo y si utilizaron vestimenta de civil o uniforme. Cómo estuvieron identificados. También con detalles de rango, cargo, funciones y horarios de servicio.

*Vehículos asignados, de qué tipo, patente. El detalle de armamentos y armas menos letales fueron provistas y sistemas de comunicación utilizados.

* Comunicaciones/modulaciones: “registros disponibles de canal radioeléctrico o frecuencia radial de comunicaciones de las fuerzas del día de los hechos”