Lo oposición busca modificar la ley de DNU y ponerle límites a Milei | El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, estuvo en el Congreso para defender la norma

Pichettistas, radicales, lilitos y peronistas trabajan a contrarreloj para acordar, en una semana, un dictamen que reemplace la ley que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia. No es fácil: la oposición coincide en la necesidad de ponerle límites a Javier Milei, pero hay diferencias en la letra chica. Es una norma especial orgánica requerida por la Constitución y nadie quiere retocar mucho, por lo que el objetivo es hacer la menor cantidad de cambios posibles. “La mejor ley es la ley que sale, y para eso la reforma tiene que ser mínima”, repite un alfil opositor que trabaja en un borrador que permita llegar a un dictamen de consenso para el próximo miércoles. Uno de los mayores puntos de acuerdo gira en torno a la necesidad de fijar plazos límite para que el Congreso trate los DNU, pero incluso ahí reflotan algunas discrepancias. En los próximos días se buscará llegar a un acuerdo, pero si no se puede se implementará la dinámica opositora de las últimas leyes anti Milei: muchos dictámenes y que gane el que logre sumar más votos en el recinto. 

El borrador circulaba en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por Nicolás Mayoraz (LLA), mientras más de una docena de abogados, constitucionalistas y politólogas exponían en el Anexo de la Cámara de Diputados. La reunión informativa había sido convocada por la oposición con el objetivo de darle respaldo jurídico a una reforma cuya meta es, fundamentalmente, evitar que Milei siga usando los DNU como estrategia para no pasar por el Congreso. No habría preguntas, solo un runrún de exposiciones –la mayoría a favor de la reforma– que funcionaría como banda sonido de las charlas informales para arribar a un acuerdo.

El pichettismo, el peronismo y gran parte del radicalismo están de acuerdo en un punto: la eliminación de la sanción tácita que permite que un DNU pueda regir ad aeternum aunque el Congreso nunca lo trate. La propuesta que circula es modificar la ley vigente de modo que los decretos dejen de tener vigencia si no fueron ratificados por el Congreso en un plazo de 120 días (aunque algunos proponen que sean 90). Ese es el corazón del proyecto de reforma que pretende evitar que los DNU puedan regir como leyes durante años sin pasar, nunca, por ambas cámaras. 

“No puede quedar abierta la duda de que si el Congreso rechaza puede hacerlo sine die (sin plazo fijo). Porque corre riesgo de que una decisión tomada en el DNU se vea frustrada dos, tres o cuatro años después si el Congreso se pronuncia rechazando el decreto, afectando la seguridad jurídica”, cuestionó el abogado Alfredo Vitolo, en sintonía con lo que cuestionaron la mayoría de los invitados, como el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, Alberto Garay. En cambio, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, sostuvo que la Constitución no plantea plazos para el tratamiento de un DNU y que no debe ser aprobado por el Parlamento.

Si bien en la oposición hay consenso sobre la necesidad de fijar plazos, en la Coalición Cívica ponen reparos. “Si vos pones plazos se te van a caer todos los DNU, uno por uno”, cuestionó un lilito, que adviertió que la fragmentación política del Congreso llegó para quedarse y volverá muy difícil para los Ejecutivos –de cualquier administración– ratificar sus DNU en el Congreso. La politóloga Ana María Mustapic se refirió a este problema en el plenario, advirtió sobre el riesgo de una parálisis institucional y recomendó implementar el “modelo de medida provisoria” de Brasil. “Hay que colocar un plazo de vigencia. Si el DNU no es convalidado por las cámaras por ese tiempo, se puede volver a emitir, reeditado, y las cámaras tienen que volver a expedirse. La idea de este mecanismo es dar un tiempo de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo”, explicó.

En la oposición prestan atención al modelo brasilero. La mayoría insiste, pese a la resistencia de la Coalición Cívica, en que el borrador sí o sí tiene que incluir plazos de tratamiento. En el caso de que no haya acuerdo, el próximo miércoles, cuando el plenario de comisiones vuelva a reunirse para dictaminar, Juan Manuel López presentará dictamen propio. No es el único: hay otros diputados que reclaman modificaciones que no coinciden con la voluntad minimalista de quienes impulsan la reforma, por lo que también podrían presentar otro dictamen de minoría, como lo evalúan Juan Brügge o la radical Carla Carrizo.

En el caso de Carrizo, la diputada cuestiona el acuerdo generado alrededor de habilitar que, con el simple rechazo de una cámara, el DNU se caiga. Este cambio es el otro punto en el que hay consenso mayoritario en casi toda la oposición (con la Coalición Cívica incluida). La legisladora sostiene que el rechazo tiene que venir de las dos cámaras, aunque muchos de sus aliados cuestionan que abriría un frente de conflicto en el caso de que, por ejemplo, una cámara decidiera rechazar y otra aprobar. “Tiene que ser como una ley: si una cámara rechaza, se cae”, explica un dirigente opositor. 

Las negociaciones continuarán hasta la semana que viene. El desafío de peronistas, radicales y pichettistas de Encuentro Federal es arribar a un dictamen de consenso, pero se muestran confiados en que, de no alcanzarlo, podrán resolver las diferencias en el recinto, al igual que hicieron con el aumento a los jubilados y el financiamiento universitario. El gobierno libertario, mientras tanto, mira la discusión por afuera: intentan dilatar, pero saben que la oposición tiene la mayoría. La solución llegará, esperan, con el veto de Milei.