La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) finalmente decidió este lunes, en un encuentro virtual de la mesa directiva, dejar en suspenso la afiliación partidaria de cuatro de los cinco diputados díscolos que acompañaron el veto presidencial de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
La medida alcanza a Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi. No afecta, en cambio, a José Federico Tournier, ya que pese a integrar el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados no cuenta con una ficha de afiliación al partido.
La Convención Nacional de la UCR, presidida por Gastón Manes, hermano del diputado Facundo Manes, ya había adelantado su postura respecto a los diputados y diputadas que no votaran en contra del veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria en un comunicado difundido el pasado 10 de septiembre.
“El presidente Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional que otorgaba un aumento de los haberes jubilatorios. Se trataba de una mínima compensación a la brusca devaluación y salto inflacionario del comienzo de su mandato. El veto ya está en vigencia y algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley, hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial. Esta situación sugiere que los votos en el Congreso no serán suficientes para alcanzar los dos tercios necesarios para revertir la medida”, decía el comunicado.
Por los principios históricos de la UCR, agregaba el documento, “esta Convención Nacional rechaza el veto presidencial, hace un llamamiento a los diputados y diputadas para que sean coherentes con la iniciativa que nuestro mismo partido había presentado y con sus propios votos que la habían apoyado, y pide enfáticamente que preservemos los valores de la Unión Cívica Radical hacia la dignidad de nuestros jubilados”.
La Convención Nacional instaba “a los legisladores y legisladoras nacionales de la Unión Cívica Radical a expresarse con claridad, tanto en la opinión pública como en el voto en ambas cámaras, en contra del veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional y de la Seguridad Social, así como, si ocurriera, a la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales”.
En caso de un “eventual incumplimiento a lo resuelto por esta Mesa directiva de la HCN”, advertía el comunicado, “se dará inmediato traslado de lo acontecido al Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical para el tratamiento de la conducta de sus afiliados y afiliadas legisladores y legisladoras que incurrieran en tal actitud”.
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