El Tribunal Oral Criminal porteño Nº12 encontró culpables a los tres policías de la Ciudad que en 2019 ultimaron a balazos al remisero Claudio Romano, en un hecho que configuró uno de los más flagrantes casos de abuso policial y gatillo fácil. Uno de los agentes recibió la pena de prisión perpetua mientras que a las otras dos se les dictaron seis años. Así y todo, salieron del tribunal caminando libres, pues la sentencia será apelada y continuarán esa condición hasta que haya una condena firme.
Los condenados fueron Darío Ramón Pérez, Claudia Alejandra Beatriz Manzanelli y Daniela Isabel López, quienes el 1 de octubre de aquel año le dispararon ocho tiros a quemarropa a la víctima, de 39 años, mientras estaba herida e inerme sobre el asfalto de Malabia al 900, en Villa Crespo.
La perpetua dictada contra Pérez fue la que habían pedido tanto la fiscalía como la querella representada por la abogada y referente de la Correpi, María Carmen Verdú. Manzanelli y López recibieron penas menores.
Luego de cuatro jornadas de juicio oral –incluida la que se leyó el dictamen- los jueces consideraron que los policías no obraron en “legítima defensa” ni en “legítimo ejercicio de su deber”, como había planteado la defensa.
Lo que quedó probado en el proceso judicial fue que Romano, herido de dos disparos y con una patada en la cabeza por parte de uno de los agentes, no configuraba un peligro para los agentes. Por lo tanto pudo haber sido reducido, cargado en una ambulancia y llevado a un centro de salud en calidad de detenido.
Pero no. Romano herido intentó incorporarse en medio del asfalto y recibió una andanada de disparos por parte de los tres policías, en una reacción propia de un pelotón de fusilamiento.
Los policías Pérez, Manzanelli y López habían sido separados de la fuerza y enfrentaron el proceso en libertad. Ahora, con la condena escrita, seguirán en esa condición al menos hasta que su defensa, a cargo de abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, presente la apelación al fallo y haya una sentencia firme.
Los defensores habían planteado la hipótesis de la “legítima defensa” por el extraño incidente que habría desencadenado el crimen: antes de ser asesinado, Romano salió de su auto ensangrentado con cortes en su abdomen y brazo, y con una navaja en la mano. Se dirigió al patrullero que estaba estacionado delante de él y tras una breve discusión con el agente Pérez, lo hirió. Luego se apartó del móvil y ahí recibió dos tiros que lo inmovilizaron.
Lo que ocurrió antes de que el remisero saliera herido de su auto podría explicar su agresión al policía, pero tras una maniobra irregular y encubridora los videos de esos momentos fueron desaparecidos.
Pero más allá de cualquier hipótesis, lo que se juzgó fue la conducta de los policías que habiéndolo neutralizado le siguieron disparando hasta matarlo.
Durante la instrucción, la defensa de los agentes había interpuesto un recurso que fue desestimado por la Cámara Criminal. Ese rechazo ratificó que el remisero tenía su “capacidad ofensiva sumamente reducida” y que los tiros policiales “fueron completamente innecesarios ante el supuesto riesgo que representaba”.
El fusilamiento de Romano fue un caso que conmocionó a la opinión pública tanto por la saña con que fue cometido como por la insistencia con que los medios de comunicación repitieron una y otra vez el video de la cámara de seguridad que captó el crimen, a pesar del dolor que ello podría implicarle a la familia.
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