Lesa humanidad: avanza la megacausa “Jefatura III” en Tucumán | Se juzgan los crímenes del centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de la provincia

Con una referencia a la importancia que los juicios de lesa humanidad tienen en el presente político del país, la Fiscalía Federal de Tucumán inició su alegato en el tercer juicio oral y público que se lleva a cabo desde hace poco más de un año por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía. Fue uno de los sitios de terror gerenciados por el Ejército y la Policía local durante la última dictadura cívico militar en la provincia. “Este juicio busca una reparación para los sobrevivientes y familiares de víctimas detenidas desaparecidas y es, en sí, una garantía de no repetición, un mensaje hacia el futuro”, aseguró el fiscal Pablo Camuña.

La jornada arrancó con la noticia de que la lista de acusados continuaba reduciéndose –de 30 que habían sido procesados en instrucción, 27 estuvieron en condiciones de comenzar el debate, en mayo del año pasado–. El martes pasado falleció el policía retirado Manuel Rubén Vila. En tanto que la defensa de otro acusado, Esteban Versellone, expuso un diagnóstico de demencia senil. Ambos ya contaban con condenas previas por su actuación durante el genocidio de la dictadura. El segundo en el marco del primer debate por la megacausa “Jefatura”; Vila en el juicio “Operativo independencia”.

Camuña solicitó la actuación de un perito que acredite la situación de Versellone y expresó su enojo por “el paso del tiempo y la impunidad” que avanzan con más celeridad de la Justicia. La apertura del alegato que comparte con la auxiliar Valentina García Salemi consistió en un reconocimiento a sobrevivientes y familiares de las víctimas “por haber elegido siempre el camino de la justicia” y a los juicios de lesa humanidad en el contexto de creciente negacionismo y “reflujo de voces promotores de la impunidad en la arena pública”.

“Terminar este juicio y tener la posibilidad de aplicar pena a los acusados es un hecho de reafirmación de la justicia como motor básico del Estado de derecho, del Estado de derecho en sí mismo y de la democracia como sistema”, subrayó el fiscal.

Pruebas robadas

El 17 de mayo del año pasado comenzó este juicio en Tucumán, cuya herramienta probatoria fundamental son las listas y documentos de la represión que un testigo robó a la Policía, resguardó durante décadas y aportó a la Justicia diez años atrás. Los acusados –entonces unos 27 militares retirados, en su mayoría vinculados con la Quinta Brigada de Montaña, y efectivos de la Policía provincial, en la actualidad, son 25– llegaron imputados por más de 200 episodios de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, abusos sexuales, entre otros hechos cometidos entre 1976 y 1978.

Después de 37 audiencias, alrededor de 500 testimonios, inspecciones oculares y material documental, la Fiscalía consideró probados 232 delitos de lesa humanidad. También consideraron acreditado el núcleo fáctico del proceso que ingresó a la instancia final: la responsabilidad en esos hechos del Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de la provincia, bajo control operacional de la 5a Brigada del Ejército. Según las conclusiones fiscales, el SIC o D2 tuvo total ingerencia en los dos principales escenarios por donde pasaron la mayoría de las víctimas del juicio: el centro clandestino la Jefatura de Policía y el exingenio Nueva Baviera, localizado en Famaillá, que las autoridades denominaban entonces “Puesto táctico”. A lo largo del debate quedó también certificado que el circuito de secuestros clandestinos, torturas y muerte en la provincia contó con otros lugares, como comisarías, unidades regionales, brigadas de investigaciones, el Penal de Villa Urquiza, escuelas y otros centros clandestinos.

“Casi un milagro”

La Fiscalía dedicó la semana para describir los casos, los hechos y la responsabilidad de los acusados, para los que, adelantó, solicitará penas al Tribunal Oral Federal de Tucumán. “Fue un juicio complejo”, advirtió Camuña en relación a la cantidad de víctimas, hechos, imputados, pruebas y sus diferentes naturalezas. Y al paso del tiempo.

“La obtención de la prueba para este juicio fue una de las tareas más dificultosas que se hayan encarado desde la Fiscalía. Es casi un milagro”, añadió y explicó por qué. En primer lugar, debido a la naturaleza clandestina de los hechos, que “tenían una textura que impedían la identificación de los participantes y de los lugares donde sucedieron. Las víctimas eran secuestradas por personas encapuchadas, en autos sin identificación, se les tapaban oídos y ojos, los llevaban a locaciones clandestinas, ocultas. Después venía la desaparición de los cuerpos a quienes decidían matar”, planteó. De las 81 personas que permanecen desaparecidas en la lista de víctimas del presente debate, “sólo por la tenacidad de los familiares se han logrado encontrar a 18”, detalló.

Camuña también mencionó el “borrado de huellas” que al menos dos testigos ayudaron a descubrir: Juan Carlos Clemente y Juan Martín “vieron la manera en que se desmontaba el D2 a mediados de 78, se quemaba documentación en el patio de la Jefatura”. También destacó las acciones “para impedir la investigación” desde finales de la dictadura hasta no hace demasiado tiempo: amenazas a trabajadores de la Conadep, a integrantes de una comisión bicameral provincial que intentó investigar los crímenes de la dictadura, amenazas de policías del SIC a Clemente cuando fue citado a declarar en 2007. “Acordate lo que le ocurrió a Julio López”, le dijeron. Declaró igual. Y por último, el pacto de silencio “entre los perpetradores que están sentados acá”.