Procesan a dos exdirectivos de empresas ceramistas por secuestros y desapariciones | Dirigían Lozadur y Cattaneo

Protestar “garpa”, dicen.  Horas después de que un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas de Campo de Mayo reclamara por la falta de avances en las causas de lesa humanidad, la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó a dos exdirectivos de las empresas ceramistas Lozadur y Cattaneo por su responsabilidad en el secuestro de una decena de obreros y obreras de esas fábricas durante la última dictadura cívico militar, varies de les cuales permanecen desaparecides. Los procesados, Alfredo Katzenstein y Miguel Puigdevall, habían sido indagados hace más de un año. En tanto, la jueza definió mantenerse “expectante” en relación a otros dos miembros del directorio de esas empresas, a la espera de nuevas pruebas.

El martes por la mañana, unos once querellantes y sobrevivientes de Campo de Mayo acercaron pedidos formales al juzgado federal número 2 de San Martín y a la Cámara Federal de la jurisdicción con el objetivo de obtener respuestas ante la “enorme preocupación” por la falta de llamados a indagatoria y de resolución posterior por parte de Vence en relación a “secuestradores, torturadores y homicidas que cometieron delitos de lesa humanidad” en trece partidos de la zona norte del Gran Buenos Aires. En la época del terrorismo de Estado, aquella era la zona IV, y cuyas víctimas, en su mayoría, fueron torturadas, mantenidas cautivas y luego desaparecidas en los centros clandestinos de Campo de Mayo.

Un atisbo de respuesta llegó esa misma noche, cuando el secretario Agustín Rodríguez Berdier informó la decisión de Vence de procesar a Alfredo Katzenstein, exjefe de Producción de la empresa ceramista Cattaneo, y a Miguel Puigdevall, exsubgerente de Relaciones Industriales de la compañía Lozadur, del mismo rubro. Los consideró “prima facie partícipes necesarios” de los secuestros de un grupo de trabajadores y trabajadoras de esas empresas sucedidos entre agosto y noviembre de 1977. Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, aunque los acusados no pueden salir del país.

En mayo de 2023, y después de una marcada insistencia de las partes acusadoras –las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la de familiares de obreres desaparecidos, representada por el abogado Pablo llonto–, que habían solicitado la imputación y las indagatorias un año antes, la jueza decidió avanzar en las indagatorias de cinco civiles vinculados a las empresas. Además de Katzenstein y Puigdevall, también indagó a Carlos Garparutti y a Alfonso Capello, directores de fábrica y miembros del directorio de Cattaneo y Lozadur respectivamente. A José Penas, jefe de Puigdevall en Lozadur, no pudo: falleció sin dar explicaciones.

Los hechos

Todos los indagados declararon no saber acerca de los hechos por los cuales la Justicia los interrogaba: “prestar colaboración” para que personal militar del Comando Institutos Militares –cabeza de la Zona IV cuya base era Campo de Mayo– “disponga de espacios físicos” dentro de las empresas y “obtenga información necesaria para privar de la libertad” al grupo de obreres detenides desaparecides.

Si bien eran dos empresas distintas, la actividad hermanó a les obreres de las dos plantas que, para aquellos años, empezaban a planificar acciones en conjunto. A mediados de 1976, el colectivo de trabajadores de Cattaneo ya pensaba en plegarse a medidas de fuerza que sus pares de Lozadur estaban desplegando. En el caso de Cattaneo, el primer obrero secuestrado post golpe de Estado –la persecución y el amedrentamiento contra los trabajadores organizados en esas empresas para mejorar las tremendas condiciones de trabajo había comenzado años antes– es Artemio Lescano, a quien una patrulla va a buscar a su domicilio en agosto de 1977.

Artemio es encapuchado, esposado y subido a un camión. Recupera la libertad a las horas. En octubre, la situación recrudece: el 27 de octubre de 1977 a las 6 de la mañana, los obreros Pablo Ponce, Juan Panizza y Faustino Romero son secuestrados en la fábrica, llevados a una habitación, encapuchados. Horas antes, de su domicilio se llevan a Jorge Ozeldín. Al día siguiente van a buscar a su domicilio a Jorge Ponce, el hermano de Pedro, a quien finalmente liberan. El resto se encuentra desaparecido.

En Lozadur, la razzia sucede unos días después. Entre la madrugada del 2 y el 3 de noviembre, patotas de militares de civil y uniformados fueron a buscar de sus respectivas casas a las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, Sofía Tomasa, Elba Puente Campo, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Pablo Villanueva. Todes eran delegades de base. Ninguno fue visto nuevamente.

Procesamientos

Para la jueza, “se ha logrado acreditar la existencia de varios hechos delictuosos y, en principio, Alfredo Katzenstein y Miguel Puigdevall serían respectivamente responsables” de las detenciones ilegales de les obreros ceramistas. Los acusa directamente de “haber facilitado la información necesaria para la correcta y rápida individualización de los empleados gremialistas” secuestrados.

La conclusión de la magistrada es que el exjefe de Cattaneo y el exsubgerente de Lozadur “formaban parte de la cúpula funcional en sus respectivas empresas y, desde allí, señalaron a los obreros conflictivos: los empleados de Cattaneo que querían acoplarse a las medidas de Lozadur, y los de esta última empresa, que habían hecho huelga”.

Entre las pruebas presentadas por las querellas –documentación formal de las empresas, legajos de trabajadores, legajos de Conadep, testimonios de sobrevivientes y familiares–, figuran documentos desclasificados de Estados Unidos. En uno de ellos, el entonces embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Raúl Castro, informa sobre el secuestro de 19 miembros del sindicato de ceramistas durante 1977. En otro, el mismo funcionario expresa “la creencia de que existe muchísima cooperación, por lo general, entre la dirección de la empresa y las agencias de seguridad, con el objetivo de eliminar las infiltraciones terroristas en los lugares de trabajo industriales”.

“El carácter de la intervención que se les adjudica –a Katzenstein y Miguel Puigdevall– surge con claridad de las pruebas analizadas porque sus aportes permitieron que los hechos pudieran realizarse de la forma en la que sucedieron”, puntualizó la magistrada. En tanto, concluyó que “las firmas Lozadur y Cattaneo y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras estatales, sino que también realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una disciplina que favoreciera los niveles de producción”.

En tanto, Vence dejó en suspenso la situación de Gasparutti y de Copello, directores de fábrica de Cattaneo y Lozadur respectivamente, y miembros del directorio de ambas empresas, para quienes prefirió adoptar un “temperamento expectante”, tal como se desprende del auto de procesamiento de los otros dos acusados. En líneas generales, la jueza tomó por válidas las excusas que vertieron en sus indagatorias: que eran jóvenes, que sus familias los habían integrado al directorio de las compañías bajo análisis, que no tenían contacto con las fábricas. Por el momento, ninguno fue nombrado en los testimonios.