La justicia le ordenó a Sandra Pettovello que garantice el derecho a la alimentación | Lo dispuso el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa

El Ministerio de Capital Humano deberá garantizar el derecho a la alimentación de quienes asisten a comedores populares que desde la llegada del gobierno del Javier Milei dejaron de recibir asistencia, ya sea por la interrupción de la entrega de productos o de fondos de parte del Estado Nacional. Así lo dispuso el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa al conceder una medida cautelar en un expediente que se inició con un amparo colectivo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución señala que “los comedores funcionan como una red de contención” a la que “recurren personas de carne y hueso que integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos paricularmente empobrecidios de la población” que “requiere sin demoras cuidados especiales”. Le advierte a la cartera de Sandra Pettovello que debe cumplir de manera “cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna” con los programas alimentarios que ella misma señaló como vigentes ante un pedido de informes del juzgado. Le exige un reporte mensual sobre las políticas implementadas.

El fallo fue firmado cerca de la medianoche, cuando estaba por empezar la feria judicial. El dirigente Juan Grabois (Argentina Humana) posteó en “X” a la madrugada: “Me llega la notificación del OCTAVO juez federal que nos da la razón, esta vez en el fuero Contencioso Administrativo…¿saben por qué? Porque tenemos razón. Es tan obvio que comer es un derecho constitucional que solo Pettovello no se da cuenta”. Se refería a que en el fuero penal, en Comodoro Py, ya hubo una medida cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó a la ministra que presente un plan de reparto de las 6000 toneladas de alimento que se hallaron en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, algunos a punto de vencer (como leche en polvo). Cómo Pettovello discutió el fallo con el argumento de que el Poder Judicial no se puede meter con una política pública, otros dos tribunales se pronunciaron, rechazaron el planteo de Capital Humano y le dieron la razón a Grabois: la Cámara Federal (Martín Irurzun, Eduardo Farah, Roberto Boico) y la Cámara de Casación (Angela Ledesma, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci). 

“La necesidad impostergable de los niños, niñas y adolescentes que deben acudir diariamente a los comedores y merenderos (donde su demanda es es la mayoritaria) a fin de poder alimentarse no debe ser puesta en peligro por el Ministerio demandado motivado en requerimientos de auditar y reestructurar la política pública en materia de alimentación”, había dictaminado Plazas. Pedía evitar situaciones como las que quedaron plasmadas en este mismo expediente, como el caso de la Fundación Isla Maciel que ante “la suspensión intempestiva y la insuficiencia de la asistencia alimentaria” tuvo que cerrar su comedor “Mártires Populares”. Como se conoció en los últimos meses, cerraron decenas de lugares que daban de comer y empezaron a atender atender con menor frecuencia. La defensora y un grupo de comedores y de organizaciones que se presentron en la causa mostraron otros tantos casos.

Capital Humano invocaba supuestas auditorías e investigaciones internas como excusa para cortar la ayuda alimentaria a comedores de las organizaciones sociales, contra las que lanzó una ofensiva para instalar la idea generalizada de que malversan lo que reciben o roban. Lara Correa apoyó su resolución en el planteo de la defensora Florencia Plazas que en este expediente representa a los niños, niñas y adolescentes, y que pidió que los propios planes señalados por el gobierno como existentes –Plan Nacional Argentina contra el Hambre, Progama Nacional Alimentar Comunidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– , pero respecto de los cuales señaló que dio “escasa información” sobre algunos aspectos. El juez sostuvo que necesitará relevar prueba sobre todo eso pero esperarla generaría “peligro en la demora” con consecuencias que podrían ser irreparables, en un caso en el que considera que el reclamo es verosímil. 

“La necesidad impostergable de los niños, niñas y adolescentes que deben acudir diariamente a los comedores y merenderos (donde su demanda es es la mayoritaria) a fin de poder alimentarse no debe ser puesta en peligro por el Ministerio demandado motivado en requerimientos de auditar y reestructurar la política pública en materia de alimentación”, había dictaminado Plazas. Pedía evitar situaciones como las que quedaron plasmadas en este mismo expediente, como el caso de la Fundación Isla Maciel que ante “la suspensión intempestiva y la insuficiencia de la asistencia alimentaria” tuvo que cerrar su comedor “Mártires Populares”. Como se conoció en los últimos meses, cerraron decenas de lugares que daban de comer y empezaron a atender atender con menor frecuencia. La defensora y un grupo de comedores y de organizaciones que se presentaron en la causa mostraron otros tantos casos. 

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