31/01/2023

El gobierno de Santa Fe denunció a la entidad antiderechos que obstaculizó una ILE | La organización católica Grávida



Desde Rosario

El gobierno de Santa Fe, a través de las áreas que intervinieron en el caso de la niña de 12 años que pidió una interrupción legal del embarazo producto de abuso sexual y que fue obstaculizada por Grávida, pidió a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual que investigue la intromisión de la ONG con la que «se le intentó impedir el derecho a decidir». La denuncia presentada apunta a que «se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las responsabilidades de quienes, a través de distintas acciones, obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña». Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Santa Fe, que desde el primer momento pidió que se investigue a la entidad, sostienen que es importante avanzar por ese camino para que este tipo de accionar de las organizaciones, que atentan contra los derechos, deje de ocurrir.

El estado provincial, a través de los ministerios de Salud, de Igualdad, Género y Diversidad y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia puso a disposición de la Justicia la información relacionada con el caso por entender que «se habría intentado obstaculizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida«, según expresó sobre los hechos que se conocieron la semana pasada, luego de que la niña y su madre, con turno para la práctica en el hospital Iturraspe, no se presentaran y luego fueran halladas en una casa de la ONG antiderechos.

En el escrito, donde se aclara que no se brindan datos de cuestiones privadas para no revictimizar a la niña y su familia, la provincia sostiene que la presentación se realiza «en los términos de los artículos 262 y 263 del Código Penal (sobre la facultad de denuncia) y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967 (sobre víctimas de delitos en el marco de la ley de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes), a los efectos de que se inicie la investigación que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron en los hechos”. Así lo expresa la nota que apunta a Grávida y que fue dirigida a Fiscalía, que la semana pasada imputó al padre de la niña, en prisión por abuso sexual agravado.

También detalla que “la actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central el informar acerca de las opciones legales que el marco normativo prevé para casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron consentimiento para proceder a una ILE”, antes de la irrupción de Grávida.

“Nos ocupa en particular poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe (Resolución N° 45/2015 IGPJ de Santa Fe) que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”, señalaron sobre la organización que ya tiene antecedentes de obstaculización de derechos en la provincia.

Para el gobierno provincial, «será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal –si correspondiera– de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación».

Para cerrar, consideraron que «no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado, obstruyendo el ejercicio de los derechos de una niña».



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