16/08/2022

¿Es posible implementar un salario básico universal? | Temas de debate. Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la iniciativa



Producción: Natalí Risso

———————————————————————

Eliminar la indigencia

Por Andrés Cappa (*)

La propuesta del Salario Básico Universal (SBU) se basa en razones estructurales y coyunturales. Respecto a las primeras, la heterogeneidad estructural característica de las economías subdesarrolladas implica formas de inserción laboral precarias para grandes porciones de la población.

Pero más allá de las condiciones estructurales, la coyuntura marca el ritmo de la urgencia. Luego del impacto de la pandemia, la recuperación de la actividad económica llevó a que en el primer trimestre de 2022 la tasa de desocupación descienda a 7 por ciento, similar a la observada en 2015. Sin embargo, la inflación ha mantenido a raya a los ingresos de la población trabajadora. El salario de las y los trabajadoras/es no registrados de abril de 2022 acumula una caída de 32 por ciento respecto a diciembre 2015. En efecto, una porción relevante de la población ocupada es pobre: en el cuarto trimestre de 2021, 41 por ciento de las y los trabajadoras/es de la economía popular eran pobres, y si se excluye a este segmento, la pobreza alcanza a uno de cada cuatro trabajadores/as.

Sobre la base de esta delicada situación, la actual aceleración de la inflación repercutirá, en ausencia de nuevas medidas, en un nuevo incremento de la pobreza e indigencia. El SBU implicaría una suerte de refuerzo de ingresos permanente con similar alcance al otorgado este año a 7,5 millones de personas, con una prestación equivalente a la Canasta Básica Alimentaria de una persona adulta (15.057 pesos en junio 2022). La reasignación del 20 por ciento de los subsidios de tarifas hacia el SBU y la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias vigente para jueces y funcionarios del poder judicial alcanzaría para lograr el financiamiento sin necesidad de aumentar el déficit fiscal. Se trata entonces de utilizar los recursos limitados del Estado de forma que maximicen el impacto distributivo en una situación social límite.

La propuesta, sin embargo, no está exenta de detractores. Entre las objeciones de fondo más recurrentes aparece aquella que puede resumirse en la sentencia “antes que subsidiar la pobreza se debe crear empleo de calidad”. La cuestión subyacente es si el Estado debe garantizar el ingreso necesario para cubrir necesidades básicas o si lo que debe asegurar es el empleo. Las visiones que se inclinan por esta última posición destacan la ética del trabajo y, en algunos casos, ponderan la “creación de riqueza” que generaría el trabajo por sobre políticas “meramente distributivas” que solidifican la dependencia de la población de transferencias estatales sin resolver el problema de fondo que causa la pobreza y la exclusión.

En primer lugar, este enfoque no logra explicar por qué el SBU iría contra la creación de empleo registrado. Y, por el contrario, abona a la invisibilización de trabajos de cuidados, tareas del hogar y actividades socio comunitarias en los barrios, usualmente realizadas por mujeres. Cabe preguntarse acerca del sentido práctico de la exigencia de una contraprestación laboral fuera del hogar a población que se encuentra desarrollando actividades como el estudio, la crianza de niños o inclusive a población que ya se encuentra trabajando a jornada completa en el mercado informal con ingresos de indigencia.

En segundo lugar, la crítica que sostiene que el SBU no crea riqueza responde a un enfoque teórico particular (neoclásico) que implica, tal como afirman Minoldo y Dvoskin (2021), suponer que la producción es independiente del nivel de demanda y que la redistribución del ingreso no afecta la generación de valor. Por el contrario, la distribución del ingreso mediante transferencias de ingreso genera una inyección de demanda que impulsa la producción y el empleo. No se trata entonces de generar riqueza para luego redistribuirla, sino que la propia redistribución genera riqueza.

Más allá del contrapunto entre ambas posturas, cabe notar que no son incompatibles ni en teoría ni en la práctica. La implementación de políticas de empleo no contradice ni obstaculiza las políticas de transferencias de ingreso, que pueden incluir diferentes tipos de contraprestaciones, adaptadas a las situaciones específicas de las personas beneficiarias. En este sentido, el programa Potenciar Trabajo debe mantenerse, pero evitando que se desvirtúe su esencia.

La creación de empleo de calidad es, por supuesto, un objetivo irrenunciable, que depende de encauzar un sendero de desarrollo económico de largo plazo. Este sendero es compatible con la garantía de un ingreso mínimo de subsistencia que contribuya a eliminar la indigencia hoy, sin más demoras.

(*) Lic. en Economía, investigador del OCEPP.

———————————————————————–

Calcular el impacto

Por Gabriela Cugliari (**) y Rodrigo Ercolani (***)

La seguridad social es el conjunto de instituciones que tienen como objetivo la protección de las personas frente a determinadas contingencias (vejez, invalidez, enfermedad, etc.). En los países periféricos, estas contingencias se tornan estructurales evidenciándose en altos niveles de pobreza y desempleo. La estructura económica heterogénea de economías como las latinoamericanas permite una precarización laboral en un gran porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que hace que los sistemas de seguridad social puramente contributivos sean débiles para lograr niveles de cobertura universales.

Históricamente, la seguridad social en nuestro país se basaba en beneficios contributivos, es decir, financiados por aportes y contribuciones del trabajo registrado. Sin embargo, desde 2005 el sistema de la protección social está tendiendo a la universalización de las prestaciones en dos componentes principales: la previsión social y las asignaciones familiares. Por ejemplo, el Plan de Inclusión Previsional de 2005 y la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009. Esto generó que el financiamiento de la seguridad social actualmente se nutra de un conjunto más amplio de tributos.

Actualmente en nuestro país, las transferencias de ingresos a cargo del Estado se concentran en los grupos etarios de la niñez y la adultez (población inactiva) combinando prestaciones contributivas y no contributivas. Sin embargo, dentro del grupo de la población activa existen millones de personas no cubiertas por políticas universales.

Es por eso que el sistema de seguridad social debe repensarse en función de las transformaciones del mercado laboral. En la actualidad, la pregunta de cómo conformar un piso de ingresos para toda la población que garantice, al menos, las necesidades alimentarias más elementales, rige nuestras reflexiones que concluyen en la posibilidad de concebir un Salario Básico Universal en Argentina.

En el contexto de crisis económica post pandemia Covid-19, se han producido distintos debates a nivel mundial sobre la pertinencia de implementar ingresos universales y permanentes cambiando el paradigma de los diseños de las políticas de protección social. Las propuestas de la universalización de las políticas de transferencia de ingreso, en sus diversas modalidades, han entrado en la agenda pública actual.

Como antecedente a la propuesta del Salario Básico Universal (SBU), podemos considerar tres iniciativas a nivel internacional: el Piso de Protección Social (PPS), el Estado como Empleador de Última Instancia (EUI) y el Ingreso Universal Básico (IBU).

La iniciativa del PPS propone la garantía al acceso a la salud y a la protección frente a contingencias más acotadas como la invalidez y los accidentes laborales, y además se establecen objetivos de cobertura más amplios que buscan garantizar un ingreso mínimo a toda la población activa, reconociendo el rol del Estado como principal garante.

Por su parte, el EUI plantea que el Estado debe otorgar un salario prestablecido a cualquier persona que lo desee, a cambio de una contraprestación laboral que reemplazaría el salario mínimo vigente en el mercado laboral.

Para el IBU, si bien no existe una definición homogénea, se lo considera una transferencia individual, universal y periódica para quienes no tengan ingresos formales, sin exigir una contraprestación laboral a cambio.

En estas discusiones internacionales se instala el debate sobre un Salario Básico Universal en Argentina. Para crear una versión de IBU adaptada a la realidad de nuestro país existen múltiples aristas a considerar y cuestiones a resolver. Para poder calcular el impacto de una política de este tipo se requiere definir una serie de parámetros: cuáles serán los requisitos y la población alcanzada, los montos de las prestaciones, la fuente de financiamiento, la compatibilidad con otras prestaciones de la seguridad social, la existencia de contraprestación o no, entre otras.

Cada uno de estos puntos requieren ser estudiados en profundidad para tomar definiciones políticas. Forman parte de un debate rico y necesario al que se le debe dar la importancia y seriedad que se merece. Pero sin duda son parte del camino hacia una sociedad más justa e igualitaria.

(**) Lic. en Economía UBA. Miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda

(***) Lic. en Economía UNLaM. Miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda



Source link