29/01/2023

La CIDH condenó a Bolivia por violar derechos jurídicos en caso de una adolescente que denunció abusos   | La Corte advirtió que transcurridos casi 20 años de los ataques «no existe una sentencia firme»



La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Bolivia por violar derechos humanos y garantías jurídicas de una ciudadana estadounidense-colombiana durante las dos décadas del proceso judicial que siguió a su denuncia por abuso sexual contra un primo cuando era adolescente, y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.

Además, el tribunal internacional instó a continuar la investigación del caso, visibilizarlo, realizar capacitaciones y readecuación jurídica.

En marzo del año pasado, Brisa dio su testimonio ante la Corte IDH, donde contó que entre septiembre de 2001 y mayo 2002, cuando tenía 16 años, fue agredida sexualmente y violada en reiteradas oportunidades por su primo hermano, 10 años mayor que ella.

Durante los siguientes 20 años se dedicó a buscar justicia, por lo que decidió ser abogada y ella misma integró el equipo que hizo la presentación en la instancia regional.

La Corte IDH encontró «al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez, en perjuicio de Brisa de Angulo Losada», según informó su presidente, Ricardo Pérez Manrique, en un comunicado.

Además, señaló que el fallo es «consecuencia del incumplimiento del deber y de la protección para investigar la violencia sexual sufrida por Brisa de Angulo Losada, de la ausencia de perspectiva de género y niñez en la conducción del proceso penal y la práctica de actos revictimizantes durante el mismo».

El Tribunal consideró acreditado que De Angulo Losada tuvo una «experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense, lo cual se realizó de manera incompatible con los requerimientos de una debida diligencia y se la expuso a una situación de revictimización».

También mencionó que se vio obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos relacionados con la violencia sexual de la cual fue víctima.

La Corte advirtió que transcurridos casi 20 años de los ataques «no existe una sentencia firme» en Bolivia y que esa demora excesiva «es resultado de períodos de inacción prolongados, sin que surja alguna explicación o justificación por parte de las autoridades».

«La Corte entendió que Bolivia excedió el plazo razonable de la investigación y juzgamiento relacionado con la violencia sexual en cuestión», indicó la Corte, y advirtió que «las disposiciones normativas penales relacionadas con la violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central».

Eso significa que para que se perpetre una violación, «no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, y basta que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió con el acto sexual».

Al respecto, consideró fundamental «que los Estados incluyan en la normativa penal algunos elementos para determinar la ausencia del consentimiento en un acto sexual, como por ejemplo el uso de la fuerza o la amenaza de usarla; la coacción o el temor a la violencia o a las consecuencias; la intimidación; la detención y/o privación de la libertad; la opresión psicológica; el abuso de poder, y la incapacidad de entender la violencia sexual».

El Tribunal estableció que su sentencia constituye, «por sí misma, una forma de reparación» y ordenó al Estado boliviano medidas de reparación integral, como mantener abierto el proceso penal seguido contra E.G.A y actuar sobre eventuales responsabilidades de funcionarios que hayan contribuido a la comisión de actos de revictimización.

«El de Brisa es uno de los casos paradigmáticos de la agresión sexual contra las niñas y la revictimización de parte de los estados y también muestra la ruta crítica de las víctimas exigiendo justicia hasta llegar a la CIDH que es quien finalmente escucha su voz», señaló a Télam la psicóloga Sonia Almada, titular de la ONG Aralma, que trabaja sobre abuso sexual, y que junto a otras organizaciones, integra el movimiento Derecho al Tiempo.



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