27/09/2022

La economía navega sin anclas antiinflacionarias | El nivel general de precios va camino al 100 por ciento anual



La economía navega hacia una variación de los precios al consumidor anualizada del 100 por ciento sin ninguna ancla antiinflacionaria contundente.

Por diversas razones, el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y combustibles, salarios y la tasa de interés que en otros episodios actuaron, con mayor o menor intensidad, como frenos relativos de los aumentos de precios, hoy no están disponibles para esta misión.

Por el contrario, están interviniendo con diferente fuerza como factores que presionan al alza de los precios por el lado de los costos. Cada uno de ellos forma parte de los mecanismos de propagación de la inflación.

La presencia de desequilibrios externos (la escasez relativa de divisas y desde hace dos meses la aparición del déficit comercial), de inestabilidad financiera del sector público (si bien hubo una reestructuración de la deuda externa privada, la economía argentina no tiene acceso al mercado de capitales internacional y la colocación de deuda en pesos tiene bastantes restricciones) y de presiones distributivas constituyen elementos de aceleración inflacionaria.

¿El FMI es un ancla antiinflacionaria?

Sin las herramientas básicas y habituales para encarar la inmensa tarea de reducir la tasa de inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, se ha abrazado entonces al programa acordado con el FMI como principal ancla antiinflacionaria.

Esta apuesta propone que el ajuste fiscal y monetario tenga impacto en las expectativas económicas y, de ese modo, se produzca una desaceleración en la suba de precios.

La titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, señaló ese camino sin eufemismos, en una conferencia de prensa posterior a la reunión que mantuvo con Massa y previa a la Asamblea Anual conjunta del FMI-Banco Mundial.

Georgieva afirmó: «Estamos en un momento en que los problemas que afronta la Argentina son muy significativos, principalmente la inflación que es devastadora especialmente para la gente pobre. Hay un compromiso muy fuerte de Argentina con el programa (con el FMI), en reconocimiento de que el programa es un ancla para la economía argentina. No tienen el lujo de otros anclajes”.

¿Existen experiencias en Argentina o en otros países que solamente con un ajuste fiscal y monetario controlado, sin aplicar otras anclas antiinflacionarias, tengan como resultado un descenso pronunciado de tasas de inflación en los umbrales de tres dígitos?

En el equipo económico de Massa señalan al respecto que “la idea general es bajar el déficit fiscal y, de esta manera, la emisión monetaria, que es la base de la inflación”.

Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional. Imagen: Archivo.

Los riesgos de un régimen de alta inflación

Sin anclas antiinflacionarias tradicionales disponibles, la desaceleración en los aumentos de precios se vuelve una tarea complicada. Más aún cuando la situación es muy compleja porque la economía ha entrado en un régimen de alta inflación.

El último antecedente de un proceso similar se registró entre 1975 y 1985 cuando la tasa de inflación media mensual en ese período fue de 11 por ciento. Este porcentaje tuvo un escalón superior en un subperíodo entre abril de 1981, al estallar la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, y junio de 1985, cuando se lanza el Plan Austral en el gobierno de Raúl Alfonsín, con una tasa media mensual de 15 por ciento.

Con estos niveles de variación general de precios, salarios, alquileres y otros servicios se empiezan a reajustar con una frecuencia cada vez más breve, precisamente para no quedar rezagados respecto a la tasa de inflación.

Lo mismo sucede con los precios de los bienes y los ajustes de precios que decide el sector público, como el tipo de cambio, tarifas de servicios públicos y de combustibles.

Con el 7,0 por ciento de inflación de agosto, el 7,4 por ciento de julio y las previsiones para los próximos meses de un piso del 6,0 por ciento, la economía empezó a moverse en un régimen de alta inflación. Esto es algo bastante diferente a tener variaciones moderadas de 2 a 3 por ciento cada mes, que también son perturbadoras pero no tan riesgosas.

¿El ajuste fiscal y monetario podría servir para influir en un escenario de inflación del 3,0 por ciento vía la provocación de una recesión, pero tiene el mismo efecto cuando la tasa se coloca en niveles de 6-7 por ciento?

El 7,0 por ciento fue la inflación de agosto, 7,4 por ciento la de julio y las previsiones para los próximos meses es un piso de 6,0 por ciento. Imagen: Sandra Cartasso.

Shocks externos e internos que potencian la inflación

Con una inflación moviéndose en este último rango, los agentes económicos van adaptando comportamientos, los cuales consolidan esas variaciones mensuales, que algunos economistas definen como inerciales.

Bajo estas condiciones, la tasa esperada de inflación tiende a igualarse a la tasa pasada con riesgo, si aparece algún shock interno o externo, a ubicarse en un escalón superior. Como las expectativas de los agentes económicos son de un alza de precios generalizada, las predicciones terminan siendo autocumplidas.

Pero, a la vez, al confirmarse la tasa de inflación efectiva con la esperada quienes intervienen en el mercado de bienes y servicios saben que este modo de formar expectativas es correcto y actúa entonces como coordinador de los comportamientos de cada uno de los participantes en la formación de precios.

Esto es lo que ocurrió este año, primero con el shock externo por el conflicto bélico en Ucrania y las posteriores sanciones económicas a Rusia que derivaron en un alza de los precios internacionales de los alimentos y la energía, y después con el shock interno provocado por la corrida cambiaria previa y posterior a la renuncia de Martín Guzmán.

Así la tasa de inflación mensual del 3-4 por ciento saltó primero al 5-6 por ciento y después al 6-7 por ciento. Se fue constituyendo de esta manera un escenario de mayor incertidumbre que consolida un sesgo hacia la aceleración de los precios.

El cuasi congelamiento de las tarifas en estos años fue un factor de amortiguación del alza de precios. Imagen: Carolina Camps.

Cuatro variables que no pueden utilizarse para bajar fuerte la inflación

La ausencia de verdaderas anclas antiinflacionarias tiene su origen en las muy escasas divisas disponibles en el Banco Central. Con pocos dólares en las reservas, la economía ha quedado a la intemperie de una tasa de inflación desbordada.

El camino de la ortodoxia de reducción del déficit fiscal y de una política monetaria contractiva es el último recurso de Massa para evitar la espiralización de los precios y mantenerlos en el actual ritmo de variación o, en el mejor de los casos, que pueda bajar a tasas del 4 al 5 por ciento mensual a lo largo del próximo año.

En realidad, esta eventual desaceleración de precios se daría por la recesión provocada por el ajuste, o sea por la debilidad de la demanda por la caída de la actividad.

Las anclas tradicionales de la política económica no están disponibles y es una inmensa restricción para desplegar una estrategia antiinflacionaria. Este potente límite se explica por las condiciones existentes en las siguientes cuatro variables clave:

1. Tipo de cambio 

Desacelerar los ajustes diarios no ha tenido mucho impacto porque el férreo control de cambio ha disparado la brecha cambiaria al ciento por ciento, lo que ha acentuado las expectativas de devaluación.

Esto ha actuado como impulsor de los precios por comportamientos de cobertura ante la eventualidad de una fuerte suba del tipo de cambio oficial.

A la vez, congelarlo ahora no es una opción viable porque hay muy pocas reservas en el Banco Central para sostener la paridad. En tanto, aplicar una fuerte devaluación o una «administrada», que provocaría una recesión y la consiguiente caída de la demanda de dólares de importación, para mejorar el saldo cambiario de la balanza comercial, sólo aceleraría la tasa de inflación hasta niveles insoportables política y socialmente.

La política cambiaria se queda sin otra posibilidad de acompañar la evolución de la tasa de inflación, que suma, por lo tanto, presión sobre los precios.

2. Tarifas de servicios públicos y combustibles 

El cuasi congelamiento de las tarifas en estos años fue un factor de amortiguación del alza de los precios.

Pero con un stock débil de reservas, a lo que se le sumó la necesidad de una mayor disponibilidad de dólares para importar energía (por la suba provocada por el conflicto Rusia-Ucrania), la magnitud de los subsidios a las tarifas de luz y gas empezó a afectar las cuentas públicas en un marco de escaso margen de financiamiento vía la colocación de deuda en pesos.

En este contexto de estrechez financiera y fiscal, el aumento de las tarifas eliminando o disminuyendo subsidios en consumidores residenciales y comerciales tendrá su correlato en aumentos de precios.

El caso de los combustibles también es clave porque es un insumo fundamental para el transporte de mercaderías, incremento que inmediatamente se traslada a los precios de bienes y servicios.

3. Tasa de interés

Para desalentar el ahorro en dólares y la conversión de los excedentes en dólares, lo que genera presión sobre el tipo de cambio oficial en un contexto de pocas reservas, el alza de la tasa de interés en términos reales (por encima de la inflación) incrementa los costos (financieros) que se trasladan a precios.

Además, el mantenimiento de tasas de interés reales es un instrumento para recuperar en el mediano plazo la función de ahorro de la moneda nacional y, de este modo, relajar los rasgos bimonetario de la economía. Sin embargo, mientras tanto, presionan sobre los costos empresarios que alimentan las presiones inflacionarias.

4. Salarios y puja distributiva

Las previsibles demandas de mejora de los ingresos de trabajadores (en paritarias de los sectores privado y estatal) y de jubilados (carga sobre las cuentas públicas del sistema previsional) colisionan en un escenario conflictivo con los precios nominales de bienes y servicios (tasa de ganancia empresarial).

En esta disputa, los salarios y jubilaciones corren detrás de la tasa de inflación, que a la vez se realimenta con las demandas de recuperación de los ingresos porque las empresas trasladan inmediatamente a precios estos mayores costos. Es lo que se conoce como puja distributiva, que requiere de una firme intervención del Estado para equilibrar una balanza inclinada hacia el capital.

La ausencia de verdaderas anclas antiinflacionarias tiene su origen en las muy escasas divisas disponibles en el Banco Central. Imagen: NA.

Existe tiempo político para un plan de estabilización

La experiencia local e internacional enseña que no se puede crecer de forma sostenida con inflación alta. Hubo economías que lograron crecer con niveles de inflación del 20 al 30 por ciento anual. Esto sucedió durante la primera etapa del ciclo político del kirchnerismo y también en Chile, a mediados de los años ’90.

En el proyecto de Presupuesto de 2023, el Ministerio de Economía estima que la inflación de este año terminará en 94,5 por ciento y la estimación para el próximo es de 60 por ciento.

Con semejantes tasas de inflación anuales el interrogante es si existe margen y tiempos políticos-electorales para implementar un plan de estabilización. O sea, uno de shock que permita bajar sustancialmente la inflación, lo que para el oficialismo resulta un objetivo deseable en función de tener mejores chances en las elecciones de 2023.

La estrategia del Gobierno es encarar una política gradualista más por necesidad que por voluntad.

Martín Rapetti, economista estudioso de planes de estabilización en América latina. Imagen: Equilibra.ar.

¿Cuál es el mejor «precio ancla»?

Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra y uno de los economistas que consultaba Massa cuando no era ministro, explicó en diálogo radial con Jorge Fontevecchia, que ha estado estudiando el tema de los planes de estabilización y que identificó que la mayoría de esas experiencias se dieron en América latina.

Señaló que el condicionante central de esos planes es que un precio clave de la economía pueda estabilizar, denominado «precio ancla». «Ese sería el caso del dólar«, indicó. Si se logra estabilizarlo se puede bajar la inflación, pero se tiene que hacer de una manera sostenida, mencionó.

En esta instancia apuntó a la necesidad de reunir dos condiciones principales: una es tener un reducido déficit fiscal y otra es que el dólar y las tarifas no deberían empezar un plan de estabilización con valores atrasados, como pasa ahora. No lo dijo pero se infiere que se requiere además un stock importante de reservas en el Banco Central.

Para concluir que «hoy veo difícil que se implementen todos estos elementos porque tienen mucho costo social y estamos cerca de una elección».

Situación de emergencia y de urgencias

Existen como principales antecedentes tres planes de estabilización en la región: el Austral, la Convertibilidad y el Real en Brasil. Fontevecchia le preguntó cuánto tiempo pasa desde el lanzamiento de un plan de ese tipo hasta observar resultados en la caída sustancial de la tasa de inflación.

Rapetti recordó que el Plan de Convertibilidad empezó en abril de 1991 y las elecciones fueron en octubre del mismo año. Con el Plan Austral pasó algo similar. Y el Plan Real fue más gradual. «Pero tanto en la Convertibilidad como en el Plan Austral los requisitos previos, como las correcciones de precios ancla y la parte fiscal, ya estaban hechos», afirmó.

De todos modos, señaló que «se puede intentar estabilizar sin tener todas las cosas corregidas y ver si sale o aspirar a un éxito temporal».

Con este horizonte imprevisto, Massa se está ocupando de atender la emergencia cambiaria-financiera, que consiste en sumar dólares en cantidad en las reservas del Banco Central, precondición para atender las urgencias económicas, entre las que sobresalen la tasa de inflación y los ingresos reales de trabajadores y jubilados. 



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