16/08/2022

La mujer que está presa hace ocho meses por una emergencia obstétrica | La criatura que gestaba nació muerta; este viernes un tribunal dicta sentencia en su caso



Ana está presa hace ocho meses en la localidad correntina de Esquina. Tiene 30 años y cría sola a sus dos hijos, de 13 y 6 años. Pero desde noviembre está encarcelada, y los niños a cargo de su madre. Ana tuvo una emergencia obstétrica y la criatura que gestaba nació muerta. Así lo dice el certificado de defunción fetal que firmó la médica forense Ivana Karina Fernández. La autopsia no pudo determinar el nacimiento de la criatura con vida. Sin embargo, desde el 10 de noviembre Ana está detenida, acusada de homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía, un delito que tiene la pena máxima de prisión perpetua.

Este viernes, después de los alegatos, un tribunal de Goya –presidido por Ricardo Diego Carbajal, secundado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte– dictará la sentencia. El juicio contra Ana comenzó el lunes, con la acusación del fiscal Javier Gustavo Mosquera.

Donde hay una mujer que necesita atención médica, la justicia ve a una delincuente peligrosa. «Pedimos el cese de la prisión preventiva y nos la negaron, solicitamos la prisión domiciliaria y también nos fue negada con el argumento de que podría haber un intento de fuga», contó la abogada de Ana, Natalia Avalos. Dijo también que la mujer «no tiene recursos para fugarse, es de condición muy humilde y nunca siquiera ha salido de la provincia».

Para sostener a su familia, como madre sola, Ana hacía habitualmente trabajos de limpieza en casas ajenas y los fines de semana preparaba, junto a su mamá, comida casera para vender.

No se entiende por qué llegó presa al juicio. “Es parte del patriarcado judicial usar figura penales graves para criminalizar eventos obstétricos adversos, cuando un embarazo no tiene el final feliz que se espera”, advierte la abogada de Mujeres x Mujeres, Soledad Deza. Este jueves, Deza declaró como testigo experta en el juicio contra Ana. Deza es docente universitaria e integrante del consejo asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades del Ministerio de la Nación y del consejo asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Fue la abogada que pudo revertir la condena por homicidio agravado, con circunstancias extraordinarias de atenuación, contra Belén, la joven tucumana que estuvo presa casi novecientos días, luego de haber sufrido un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda, de la ciudad de Tucumán, desde donde salió esposada. La denunció personal médico.

El de Ana no es el único caso en el que la Justicia se ensaña con mujeres pobres, que son vistas como malas madres. Son los tentáculos de sectores conservadores antiderechos insertos en el Poder Judicial.

“Los estereotipos de género dejan de lado prueba que desincrimina o pericias como una autopsia que declara la imposibilidad de determinar un nacimiento con vida. No solo hay ignorancia del derecho sino ánimo judicial de castigar aquello que no forma parte de las facultades de la persecución punitiva estatal como es un evento obstétrico de estas características”, dijo Deza, en diálogo con Página 12.

Acaba de acompañar durante casi tres años otro caso similar en Tucumán donde fue criminalizada una adolescente de 14 años, “Clarita”, cuando en septiembre de 2019 tuvo un aborto en el baño de su casa y detuvieron a sus padres por homicidio.

La historia de Clarita y su familia

Clarita no le había contado a nadie que estaba embarazada más que a su novio. Tenía mucho miedo, se acercaba su cumpleaños de 15, no quería desilusionar a Teresa y Hugo, sus padres. Una noche Clarita sintió mucho dolor de panza y fue al baño. Estaba mareada, con náuseas. En la madrugada, mientras toda su familia dormía se encerró en el baño y parió un feto muerto del que se deshizo en soledad para después limpiar todo, según pudo reconstruir la abogada. No quería que nadie lo advirtiera. Pasaron dos días y Clarita se sintió otra vez muy mal, pero esta vez sus padres lo notaron. Estaba pálida y decaída. La llevaron al médico y le hicieron una serie de estudios, entre ellos una ecografía, pero no detectaron en ningún momento su evento obstétrico reciente.

Pero a la noche la internaron en la Clínica Mayo. Mientras estaba en bajo observación, irrumpieron dos policías enviados por la fiscal Adriana Gianonni, para averiguar si había una persona con un aborto. “Habían encontrado un feto en un terreno del barrio donde Clarita vivía y alguien había dicho a la Policía que la familia que vivía en la casa de al lado no estaba en ese momento porque tenían una hijita internada en la Clínica Mayo. Así dieron con Clarita y sin importar los derechos de la paciente, en la institución entregaron toda su documentación clínica a los uniformados. Y comenzó la persecución penal feroz”, contó Deza.

La fiscal Gianonni reveló información sensible de la niña y la familia en el Diario La Gaceta, de Tucumán, que informaba el caso como el de “los abuelos asesinos” y alimentaban así, diariamente durante una semana, el morbo local. Teresa y Hugo fueron apresados por orden del juez Facundo Maggio en la habitación en la que acompañaban a su hija convaleciente. Estuvieron 22 días detenidos preventivamente, no obstante haber estado a disposición de la justicia en todo momento y haber planteado las necesidades especiales de uno de sus hijos con T.E.A.

La adolescente fue finalmente sobreseída aunque era inimputable por su edad. Pero ninguno de los dos jueces que intervinieron –el Juez de Menores y el Juez de Instrucción del caso– instó el archivo de la causa pese a que había un certificado de defunción fetal que descartaba la existencia de una persona y la posibilidad de un homicidio.

Se sumaron otros elementos para construir el relato criminalizador: una autopsia firmada por el psiquiatra Rodolfo Alfredo Lobo, del Cuerpo Forense del MPF local que no contaba con la especialidad para esa pericia, un informe preliminar sin fundamentos científicos que dictaminaba «un nacimiento con vida de un bebé» y en la misma autopsia, la certificación de la defunción fetal en los términos del art. 40 de la Ley 26.413. La investigación también incluyó el testimonio “espontáneo” del médico Marcelo Rocha que se presentó como “neonatólogo” para declarar en favor de la hipótesis de la Fiscalía, pero sin contar con la especialidad experta.

La causa incluyó más de 15 incidentes y 136 escritos presentados desde la defensa técnica –que llevaron adelante Dezajunto con su colega de la Fundación MxMSofía Gandur– para rebatir cada uno de los embates judiciales.

“La fiscal Gianonni incluso concedió el rol de querellante al novio de la niña, bajo la figura de “padre”, aun cuando había un certificado de defunción fetal que impedía un vínculo de filiación y no obstante haberle informado el Registro Civil que resultaba imposible inscribir un nacimiento con vida con esa documentación”, destacó Deza.

Casi tres años después de iniciada la persecución judicial contra Clarita y sus padres, el 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la elevación a juicio oral contra Hugo y Teresa sosteniendo que “le asiste razón a la defensa cuando sostiene que no se había logrado demostrar la existencia de una persona que pudiera reputarse víctima de un homicidio, se configura la falta de un elemento esencial en una causa de homicidio, y claro está, de sus agravantes”. El alto tribunal provincial indicó que “las hipótesis que genera la propia Fiscalía –en base a conjeturas– no alcanzaban para tener configurado el hecho de homicidio ni por probable la autoría, participación o responsabilidad de los imputados”.

La exfiscal Gianonni renunció a su cargo luego de que en el año 2020 la Fundación MxM le pidió su juicio político por su intervención arbitraria en otro caso. Teresa, Hugo, Clarita y sus hermanos se vieron obligados a abandonar su casa, la primera casa propia a la que habían accedido en su vida cuando los vecinos amenazaron con lincharlos, alimentados por las coberturas periodísticas que los señalaban como “los abuelos asesinos”. Luego de ello, lxs niñxs de la familia se cambiaron de escuela para preservar algo de intimidad, contó Deza.

“El estigma social de cualquier investigación penal es muy violento. Si le agregamos en sociedades conservadoras la condena moral por la muerte fetal o neonatal el cóctel es aún más dañino”, apuntó la abogada. Ahora es Ana quien está sentada en el banquillo de las acusadas. Otra vez sin pruebas, otra vez con prejuicios pretenden que la causa termine con una condena. 



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