29/01/2023

Milagro Sala y un antecedente de indulto en la presidencia de Eduardo Duhalde | Las gestiones para que Alberto Fernández ordene su liberación



En enero de 2002, a poco de asumir como presidente interino, Eduardo Duhalde indultó a Alejandro Vecchi, de destacada actuación como abogado de la familia del fotógrafo asesinado José Luis Cabezas y a quien una condena por estafa le impedía ejercer su profesión. La sentencia no era de jurisdicción federal y, a diferencia de Milagro Sala, Vecchi no era víctima de persecución política, pero ello no le impidió al titular del Ejecutivo indultarlo invocando “el superior objetivo de contribuir a la paz social”. El antecedente lo recordó en estos días Alejandro “Coco” Garfagnini, referente de la organización barrial Tupac Amaru, quien al cumplirse siete años de la detención de Sala insistió en el pedido al gobierno de Alberto Fernández para que “vuelva a darle sentido al respeto institucional y repare la salvajada de la prisión a Milagro Sala”. Este antecedente será uno de los tantos argumentos que le presentarán al Presidente en los próximos días para convencerlo de que avance con el indulto a la dirigente social.

La líder de la Tupac Amaru está privada de su libertad desde el 16 de enero de 2016, semanas después de asumir como gobernador de Jujuy el radical Gerardo Morales, cuando la detuvieron por participar de un acampe frente a la casa de gobierno. Ese episodio fue el comienzo de un entramado de acusaciones impulsado por el actual presidente de la Unión Cívica Radical que derivó en el inicio de 12 causas judiciales que, en los siete años transcurridos, garantizaron su objetivo de eternizar el encarcelamiento de Sala, objetivo que pudo concretar en gran medida gracias al nombramiento de jueces afines en el Superior Tribunal de Jujuy. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena a 13 años de prisión en la causa “Pibes Villeros” al rechazar el recurso de queja de sus defensores, aunque sin detenerse a analizar las irregularidades de ese proceso, sobre el que tarde o temprano podrá pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sumatoria de irregularidades en los procesos contra Sala derivó en intervenciones del sistema interamericano de derechos humanos, que en más de una oportunidad le recordó al Estado argentino su obligación de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, pero en los hechos las privación de la libertad continúa, los procesos gestionados por el caudillo radical parecen no tener fin, al tiempo que su salud se deteriora y se multiplican los pedidos para que el gobierno nacional instrumente una salida política frente a las ilegalidades que la Corte Suprema no se digna a analizar.

La Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia, le recordó al presidente Fernández en diciembre que “cuenta con distintas herramientas” para poner fin a los atropellos contra Sala, entre las que incluyó “el instituto del indulto o la conmutación de penas”. Su titular, Gabriela Carpineti, destacó que “es menester la urgente decisión presidencial” y subrayó que “no caben dudas de que el ‘caso Milagro Sala’ es cuestión federal” aun cuando los hechos imputados se “hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores”.

El CELS recordó que el lunes se cumplieron “siete años de uso político del encarcelamiento” contra Sala, que es víctima de “una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización”, en un “escenario de persecución y hostigamiento” por parte de Morales y de autoridades judiciales jujeñas. El Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, destacó que “el Estado debe responder ante los órganos del sistema interamericano y del sistema universal de protección de DDHH por los atropellos de las autoridades políticas y judiciales de Jujuy, convalidados por la Corte Suprema, en la persecución arbitraria a Milagro Sala”.

En paralelo con una marcha multitudinaria por las calles de San Salvador, la mesa de organismos de derechos humanos, junto con diputados y dirigentes sindicales, realizó el lunes una conferencia de prensa para exigir la libertad de Sala por medio de un indulto y enfatizó que la persecución que sufre “lesiona la democracia”. Los dirigentes de esa mesa realizan gestiones para que el presidente, que en diciembre se comprometió a rever el caso de la dirigente jujeña, dé una respuesta concreta.

En ese marco, Garfagnini recordó el indulto del senador Duhalde al abogado Vecchi, que había sido condenado por un tribunal porteño por un delito común, ajeno a la jurisdicción federal. Duhalde y su ministro de Justicia, el radical Jorge Vanossi, argumentaron en los considerandos que la facultad presidencial de indultar o conmutar penas era de “exclusiva discrecionalidad” del jefe de Estado y que tomaban la decisión “evaluando no solamente los aspectos técnicos sino el superior objetivo de contribuir a la paz social y a la reconciliación de los argentinos con sus Instituciones”.

“Aquel decreto de Duhalde es un antecedente que acredita los alcances que puede ostentar en nuestra vida institucional la figura del indulto”, recordó Garfagnini. “Los derroteros de opiniones doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de una figura como la del indulto podrán ocupar horas de la vida académica de las Facultades de Derecho. Pero aun así, rémora monárquica mediante, ahí está, enclavada en nuestra Constitución, con antecedentes concretos y materiales de ser utilizados con amplia consideración en nuestra historia reciente”, añadió.

En el caso de Milagro, la intervención de la
Corte Suprema y de los organismos internacionales que intercedieron frente a la
persecución política y judicial “habilitan el indulto de manera incuestionable,
considerando además la gravedad institucional de los conflictos”, apuntó. “El debate
sobre la procedencia o no del indulto a Milagro Sala es apenas un estertor más
de los conflictos políticos que encuentran prepotencia en quienes la persiguen
y amenazan ahora con trasladarla a un penal, y la tibia defensa de aquellos que
anhelan su libertad pero no pueden hacer trascender su responsabilidad
institucional de la arenga por redes sociales”, cuestionó al presidente. “Es
tiempo ya. Aseguren la PAZ SOCIAL, vuelvan a darle sentido al respeto
institucional de la mayoría popular que les puso en la mano los resortes
institucionales de poder del Estado. Y reparen la salvajada de la prisión a
Milagro Sala”, concluyó.



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