28/03/2023

Un informe muestra cómo el gobierno porteño privilegia los fondos para la educación privada | Todos los privilegios a los colegios privados 



La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un informe que expone irregularidades en el manejo y control de fondos de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) de la Ciudad. En la búsqueda de evaluar las transferencias de recursos hacia el nivel inicial de los colegios privados, los y las auditoras se toparon con incumplimientos de declaraciones juradas, montos girados superiores a lo establecido y con la ausencia de la documentación con que se aprueban las plantas funcionales de algunos colegios, con la que se calculan los montos a recibir por los establecimientos. Desde el Frente de Todos (FdT), el auditor Lisandro Teszkiewicz aseguró que las irregularidades muestran que la «prioridad» del GCBA es «desviar fondos hacia los privados«.

«Impide un efectivo conocimiento y control de las actividades de las instituciones«, escribieron los y las auditoras de la Ciudad sobre las llamativas faltas de documentación que expusieron en el informe de la «Auditoría Legal y Financiera» realizada sobre los fondos girados a las escuelas privadas de nivel inicial por la DGEGP del Ministerio de Educación porteño. Según precisa el informe, la Dirección está a cargo de «administrar los mecanismos y procedimientos para el otorgamiento de subsidios y de gestionar la información, necesaria para tal fin, referida a cada uno de los institutos bajo su órbita».

En concreto, en el ámbito del nivel inicial durante el año 2020, al que se abocó la auditoría, el organismo encontró cuatro puntos cuestionables. El primero refiere a las declaraciones de las plantas orgánicas funcionales de los colegios: «De las seis disposiciones suministradas por la DGEGP no surge la documentación respaldatoria que aprobara la planta orgánica funcional de 18 establecimientos educativos», advierten los y las auditoras. Según explica Teszkiewicz, este punto es importante porque el monto de las transferencias que el Estado realiza a los privados se calcula precisamente a partir de las matrículas y las plantas de los colegios. 

«La falta de esa documentación impide determinar si se cumplen o no con las metas presupuestarias, o si la asignación de recursos es compatible con lo que marca la ley», precisó el auditor, quien agregó que «los obstáculos que enfrentan los auditores para acceder a información indispensable, demuestran el interés de Acuña y Larreta por esconder sus negociados. La única prioridad que tienen es hacer negocios con sus empresas amigas y desviar fondos hacia los privados”. 

El segundo punto cuestionado en el informe refiere específicamente a las transferencias hacia los privados y detalla que en el 6,45 por ciento de los establecimientos analizados «se verificaron incumplimientos respecto al requisito de la presentación de la declaración jurada de aranceles«. La Auditoría también hizo foco en el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Primera Infancia, un programa económico que tuvo el objetivo de sostener a los jardines privados durante la pandemia, para «solventar un porcentaje de los aranceles mensuales y/o las matrículas«. En ese caso, asegura el informe, en el 50 por ciento de los colegios «se transfirió un monto superior al validado en el Sistema de Información de Instituciones Educativas de Gestión Privada (Sinigep)». 

Por último, los y las auditoras advirtieron sobre cuatro establecimientos en los que la DGEGP directamente no informó que recibieron el aporte económico gubernamental. «No resulta posible obtener el historial completo de los establecimientos educativos al momento de buscar dicha información en el Sinigep. En consecuencia, resulta ardua la tarea de control debiendo recurrir a la impresión de determinados movimientos o registros por no contar con el apoyo del sistema informático», concluye el informe. 

«Una vez más hemos podido comprobar que la falta de control hace del sistema educativo de gestión privada un agujero negro. Esto que está en los informes de Auditoría sale a la luz pública cuando se cierran instituciones que se manejan como emprendimientos comerciales sin ningún tipo de contralor por parte del Estado», sostuvo por su parte Teszkiewicz. 

Un ejemplo es el caso del colegio Centro Educativo Nuevo Horizonte, del barrio de San Cristóbal, que cerró a principios de febrero alegando graves problemas financieros y dejando a 250 alumnos sin colegio a solo semanas de empezar las clases. Según denunciaron desde la Secretaría de Gestión Privada del gremio UTE-Ctera, el colegio contaba con un 60 por ciento de aporte estatal. Para Teszkiewicz, en tanto, las irregularidades dan cuenta también de la tendencia del GCBA de privilegiar a la educación privada por sobre la pública. 

«En el análisis presupuestario queda claro que la prioridad de Larreta son los negocios y no la educación. En este 2023 destinará más de 62 mil millones de pesos en transferencias a la educación privada, lo que representa más de siete veces y medio el monto que dedicará a la infraestructura de las escuelas públicas, con poco más de 8 mil millones, sin contar con la baja de más de 10 puntos que sufrió el presupuesto educativo desde que Juntos por el Cambio llegó al Gobierno de la Ciudad”, sostuvo el auditor del FdT. Según precisó, en el marco del período auditado, el GCBA gastó 2.300 millones de pesos en los establecimientos de nivel inicial de gestión privada, que contaban con una matrícula de poco más de 64 mil alumnos. 



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