Patricia Bullrich reabrirá la División de Inteligencia en las cárceles federales

Desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza y el de Marcos Paz, muchos líderes narco se las ingenian para dar órdenes, elegir nuevas rutas de tráfico y dar continuidad al millonario negocio. El ingreso permanente de teléfonos, las comunicaciones ilimitadas para continuar con el desarrollo de sus organizaciones criminales, las amenazas como las que recibió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: todo ocurre desde las cárceles. Para poner un punto final a ese accionar, Patricia Bullrich adoptará una serie de medidas, entre ellas la restitución del sistema de inteligencia al interior de los penitenciarios federales.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, sostuvo en un informe central y una posterior ampliación la crítica situación que se vive en las prisiones federales que hasta la semana pasada tuvo a su cargo María Laura Garrigós.

“La situación evidencia que la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”, indicó en su momento el documento elevado por el Procurador General Eduardo Casal al ministerio de Justicia. Pero esa alarma nunca se respondió formalmente ni con ningún tipo de medidas para evitar el libre accionar de los narcos desde sus lugares de detención.

En este escenario y con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) bajo su órbita, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich volverá a instalar al interior de las cárceles la División de Inteligencia Criminal que había desmantelado el gobierno de Alberto Fernández después de denunciar a la gestión macrista por el presunto uso de ese departamento para realizar espionaje ilegal de empresarios, dirigentes y ex funcionarios K detenidos por corrupción.

Fuentes del actual gobierno indicaron a Clarín que el Ministerio de Seguridad avanzará en la restitución del sistema de inteligencia al interior de las cárceles. “Debemos saber anticipadamente las acciones de los líderes narcos para abortarlas, tener mayores controles sobre sus movimientos y sobre las visitas que reciben, entre otras cosas”, indicaron.

No contar con la División de Inteligencia, coinciden jueces y fiscales, representa una complicación para investigar dentro de las cárceles muchas acciones que los líderes narco y otros presidiarios realizan, coordinan y ejecutan desde los lugares de detención.

“Los funcionarios del sistema judicial somos los que mejor conocemos los fracasos de las políticas públicas que fueron aplicadas a estos casos: desarticular la inteligencia criminal, no cubrir las vacantes, no reforzar la seguridad de los jueces y fiscales, no controlar a las bandas que son operadas desde penales en el exterior de la provincia, sólo expone el fracaso”, explicó en su momento una fuente de la Asociación de Magistrados.

Dentro del Poder Judicial entienden que no se puede dejar de realizar inteligencia dentro de los penitenciarios federales cuando se trata de líderes narco. “Sin inteligencia dentro de los penales, no se puede saber nunca qué va a pasar mañana, con quiénes se comunican, dónde guardan el dinero y quién se los administra, quién los protege y de qué manera”, explicaron.

La División de Inteligencia, explicaron fuentes oficiales, también reduce los incentivos para que el personal penitenciario sea corrompido por los líderes narco u otros detenidos.

Es que otro de los puntos bajo análisis es la posible connivencia de funcionarios en este complejo entramado donde -algunas autoridades entienden- los narcos “mandan en las cárceles del Estado”. Por ejemplo, en el Centro Federal Penitenciario Noroeste, ubicado en Salta, se investigó al personal penitenciario, responsable de proveer teléfonos celulares a los internos.

Respecto a las tareas que deberá realizar la División de Inteligencia, se explicó que básicamente recopilará información sobre presos categorizados como de elevado riesgo y esa información “se integrará, interpretará y analizará diariamente en la dinámica que impone el ámbito penitenciario y su integración con la realidad delictiva extramuros que circunda a ese determinado interno o grupo de internos”.

Otra de las medidas que para el Ministerio de Seguridad son prioritarias es la colocación de inhibidores de señal sobre todo en los complejos carcelarios en los que están alojados los líderes narcos.

En este punto hay dos dificultades que sortear. Por un lado, explicaron fuentes oficiales a Clarín, la cuestión presupuestaria: “para todo ese sistema se necesitan fondos y todo está bajo revisión, pero en este tipo de políticas se entiende que es necesario invertir”.

El otro problema responde a las dimensiones de los complejos carcelarios. El SPF “tiene cárceles muy grandes, y donde colocás inhibidores de señales barrés con la comunicación de toda la cárcel, es decir que dejás incluso al personal penitenciario y a las áreas administrativas sin señal. Entonces hay que sectorizar, y eso requiere un estudio pormenorizado”, señalaron a Clarín.

El uso de los teléfonos que ingresan de manera ilegal a las cárceles es uno de los puntos centrales que destacó la PROCUNAR, también ignorado por la gestión de Garrigós.

Este miércoles, un operativo ordenado por la ministra de Seguridad impidió el ingreso de 22 celulares a una cárcel federal. Estaban colocados en el interior de una heladera. “Esto se tiene que acabar”, remarcaron desde la cartera a cargo de Bullrich.

Patricia Bullrich pidió un informe sobre la cantidad de personal que se desempeña dentro de las cárceles, con edades, funciones y el cumplimiento -o no- de las mismas. El objetivo es “reordenar al personal”: no se descarta pasar a retiro a quienes tengan la edad legal para hacerlo y reasignar funciones, entre otras medidas.