Las recientes reformas del sistema de inteligencia impulsadas por el gobierno de Javier Milei han activado la sana preocupación en la opinión pública de que la SIDE sea mandatada para vigilar a la sociedad. En los artículos periodísticos dedicados al tema se percibió como una novedad alarmante las amplias atribuciones que se le concede, así como la opacidad y firmeza del secreto que envuelve su accionar. Una mirada histórica obliga a enfrentar una verdad incómoda: la continuidad de estas políticas en nuestro país.
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¿Cambios en inteligencia?
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