El Presidente firmó la norma luego del mediodía. En el Gobierno admitieron que esta era la jugada de mayor riesgo que tomaron en los dos meses de gestión, porque pone a los represores más cerca de ser enviados al exterior. Sin embargo, en la Rosada prefieren que los militares sean juzgados acá. Para ello la Corte Suprema debería dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
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